De las irregularidades encontradas, 6,750 fueron resueltas; 1,818 motivaron visitas de inspección y 248 concluyeron en clausuras o suspensiones, en su mayoría por extracciones ilegales de aguas subterráneas.
“Se han encontrado usos distintos a la concesión, sobre todo concesiones agrícolas que se usan para fines distintos”, explicó Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, durante una presentación ante el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
De acuerdo con el directivo, este tipo de prácticas no solo vulneran el marco legal, sino que dificultan el cálculo real de disponibilidad del recurso y su planeación eficiente, especialmente en regiones con estrés hídrico severo.
Este diagnóstico se produce en un momento crítico. México ocupa el lugar 26 entre los países con mayor riesgo hídrico, de acuerdo con el World Resources Institute, y enfrenta una distribución desigual del agua: mientras algunas regiones apenas abastecen a su población, otras superan por cinco veces el estándar internacional de consumo.
La ruta de regularización
La revisión forma parte de cinco acciones diseñadas para reorganizar el sistema de concesiones. Además del diagnóstico individual de cada título, se estableció la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB), un padrón único que sustituirá al menos cinco bases de datos dispersas.
También se emitió un decreto para facilitar la regularización de permisos vencidos, condición necesaria para acceder a programas, subsidios o financiamiento.
“Queremos hacer una revisión uno por uno, recuperar la rectoría de las aguas, que regresen a la disponibilidad de la nación”, dijo Zataráin. La meta es revisar las 535,881 concesiones activas en el país.
