El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante las obras del ferrocarril, que su hijo Gonzalo López Beltrán participó en el seguimiento del proyecto. Señaló que “me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”.
De manera paralela, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió un audio atribuido al empresario Amílcar Olán en el que se mencionan oportunidades para participar en la explotación de minas en Oaxaca relacionadas con el balasto utilizado en las vías del Tren Interoceánico.
En respuesta, López Obrador negó que sus hijos participaran en actos de corrupción y rechazó que tuvieran vínculos empresariales derivados del proyecto.
Por ello, legisladores del PAN, PRI y PRD plantearon que el descarrilamiento exige explicaciones sobre la calidad del balasto utilizado y sobre la supervisión del proyecto.
Algunos senadores y diputados señalaron que existen indicios de que se habría usado balasto de baja calidad y que, por ello, pidieron investigaciones penales contra quienes resulten responsables.
Entre los planteamientos se incluyó la solicitud de peritajes independientes, la revisión de contratos vinculados con el suministro de balasto y, en ciertos casos, la suspensión temporal de operaciones en los tramos involucrados mientras se determine la seguridad de la vía.
En sus posicionamientos, integrantes de la oposición afirmaron que el descarrilamiento no debía entenderse como un hecho aislado, sino como un asunto que involucra decisiones sobre materiales, supervisión y responsabilidades públicas.
Algunos legisladores solicitaron que se llame a comparecer a funcionarios y que se investigue la participación de proveedores vinculados con el suministro de balasto en el proyecto.
