Certidumbre jurídica y seguridad, las claves para que empresas participen en obras de nueva ley infraestructura
La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados, plantea la participación de la industria privada en la inversión de la obra pública y el sector financiero pide garantizar la continuidad de los proyectos.
El objetivo de la nueva ley, impulsada por Claudia Sheinbaum, es fomentar la inversión en infraestructura de la mano de la industria privada.(Foto: Obras)
Diana Zavala
La nueva Ley de Fomento a la Inversión en Infraestructura para el Bienestar plantea abrir la puerta a una mayor participación privada en obras del país. El interés no es el problema. El reto, advierte el sector financiero, es generar las condiciones para que ese capital decida entrar y, sobre todo, permanecer.
“Sí habrá atención por parte de jugadores del sector infraestructura. Sin embargo, lo harán con cautela”, señaló Alejandro H. Garza Salazar, director de inversiones y fundador de Aztlan Equity Management.
Desde su perspectiva, la discusión no se centra en los instrumentos sino en las condiciones del entorno.
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El marco legal
De acuerdo con el directivo de Aztlan Equity Management, uno de los factores que condicionan la participación es el marco institucional en el que se desarrollan los proyectos.
“Se ha debilitado la certidumbre jurídica, particularmente con los cambios implementados al Poder Judicial, lo cual afecta el marco legal general para hacer negocios en México”, advirtió.
Este señalamiento coloca el foco fuera de la ley en sí. Para los inversionistas, el problema no es solo cómo se estructuran los proyectos, sino bajo qué reglas se resuelven conflictos,se garantizan contratos y se protege la inversión.
Por ello, el gobierno deberá ser persuasivo e innovador en los planteamientos de la participación conjunta, para que se logren detonar los proyectos planteados por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que en muchos casos, abarcan más de una administración.
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Carreteras, puertos, aeropuertos o redes ferroviarias requieren inversiones iniciales elevadas y horizontes de recuperación extendidos. La ley reconoce esta lógica. “Son proyectos pactados de largo plazo, compromisos del Estado mexicano”, explicó el diputado Alfonso Cuéllar.
Pero para el sector privado, esa planeación enfrenta el reto de la estabilidad en el tiempo.
Alejandro Garza advierte que la participación dependerá de que exista “estabilidad, sobre todo en proyectos de infraestructura de gran magnitud que suelen ser transexenales”.
En este tipo de proyectos, cualquier cambio de reglas durante su ejecución modifica la evaluación de riesgo y el pasado del gobierno federal pone en juego la certidumbre.
El especialista en inversiones menciona a la cancelación del aeropuerto de Texcoco y a la reforma energética como antecedentes de cambio de rumbo que marcan de manera crítica la relación entre la industria privada y el sector público.
Algunos sectores prioritarios para fomentar la inversión son el energético, carretero y ferroviario.(Foto: Obras)
Seguridad como riesgo
A la certidumbre jurídica y temporal se suma un segundo factor que incide directamente en la ejecución de proyectos, la seguridad.
“Los eventos del pasado 22 de febrero (captura y muerte de Nemesio Oseguera , alias "El Mencho"), con cierres de aeropuertos y vías carreteras federales, dan una idea de las condiciones en las que opera la economía y el poderío de los grupos del crimen organizado. Esto impacta directamente a los proyectos de infraestructura, carreteras, vías férreas y aeropuertos, que fue precisamente donde se dieron estos disturbios”, señaló el directivo Aztlan Management.
Para que las inversiones se den, las empresas buscarán certeza jurídica y seguridad.(Foto: Obras)
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La interrupción de operaciones o la falta de control territorial se traduce en riesgos adicionales para los inversionistas y para la ejecución de obra, por lo que la firma ve como una tarea pendiente para el gobierno federal, los locales y la Guardia Nacional lograr un mayor control sobre el crimen organizado en México.
Riesgos compartidos
La iniciativa busca modificar la lógica de participación privada, al dejar atrás esquemas como las asociaciones público-privadas (APP's).
En estos modelos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) identifica desequilibrios. “El sector público absorbía pérdidas mientras los privados retenían ganancias”, señaló Luis Méndez Jaled, presidente del organismo.
La nueva ley plantea responsabilidades compartidas. “una diferencia es que antes todas las ganancias y todos los riesgos estaban cargados al Estado mexicano y las ganancias estaban super aseguradas para el privado. Era una relación muy desventajosa para la economía del país y para las finanzas nacionales. Aquí hay retorno de utilidades, ganancias justas, responsabilidades compartidas, de tal manera que todos le apostemos al desarrollo de la infraestructura”, explicó Cuéllar.
Pero para las empresas, el reto está en cómo se traduce esto en contratos. El titular de la CMIC advierte que se requiere una “asignación de riesgos proporcional a la capacidad de cada parte” para mantener la viabilidad de los proyectos.
Sin esa claridad, la participación podría reducirse o concentrarse en ciertos proyectos.
Cambio necesario
A pesar de los obstáculos, el sector privado y el público ven este cambio necesario para mejorar la inversión en infraestructura en el país.
Se requieren inversiones para alcanzar estas metas y el gobierno no cuenta con capital suficiente para hacerlo en solitario. Además, el modelo de inversión puramente estatal ha demostrado ser fallido, la labor debe ser generar condiciones, regulación y seguridad, tanto jurídica como nacional y pública, para incentivar la inversión, no necesariamente ser el inversor principal.
Alejandro H Garza Salazar, director de inversiones y fundador de Aztlan Equity Management
El nuevo plan de infraestructura contempla inversiones adicionales por 722,000 millones de pesos, equivalentes al 2% del PIB, con participación pública y privada.
Para Cuellar, estas modificaciones son la forma en la que se pueden hacer realidad las metas del Plan México hacia 2030, “hay que reconocer que teníamos un rezago muy grande y no había marco legal que diera confianza a la inversión pública como privada”, mencionó el diputado.
Para la industria privada, las empresas con especialidad en infraestructura, especialmente las que cuenten con experiencia en procesos mixtos previos, se verán beneficiadas.
Además, la derrama económica que se generará de las construcciones tendrá beneficios para el país que se habían quedado en el tintero con la reducción de obras de infraestructura, apuntó Aztlan Equity.
Sin embargo, la disponibilidad de recursos no garantiza su despliegue. “Todo dependerá de las condiciones que el gobierno federal plantee para estas inversiones mixtas o conjuntas”, agregó la firma.
