¿Y la evaluación del riesgo en las viviendas?
Por ley, el Infonavit está obligado a “instrumentar acciones que permitan obtener a los trabajadores préstamos para la adquisición de bienes y servicios, en las mejores condiciones de precio, calidad y crédito”.
Este organismo proporciona financiamiento a sus derechohabientes, pero en lo que va de esta administración, no ha satisfecho a total cabalidad el mandato de cuidar las condiciones de calidad del bien principal: la vivienda.
En esta columna comenté el proyecto que desde 2011 se gestó para instrumentar un nuevo seguro decenal relacionado con vicios estructurales, que otorgaría a los derechohabientes la certeza de la seguridad física de estos bienes y que sería avalado por un dictamen emitido por una empresa especializada en evaluación y prevención de riesgos (EPR), surgida de un concurso por invitación, cuyo dictamen positivo sería tomado en cuenta por las aseguradoras, para que a su vez extendieran la nueva cobertura, indispensable para otorgar el crédito.
Este esquema iniciaría en abril de 2013 y tenía la bondad de complementarse con el servicio de verificación/supervisión que ya ofrecen empresas certificadas para tales efectos. Pero fue hasta octubre de ese año cuando funcionarios de alto nivel del instituto anunciaron el inicio de la nueva cobertura para el siguiente mes, lo que nunca ocurrió.
En abril de 2014, un año después de lo proyectado, el titular del Infonavit anunció que todas las viviendas financiadas por ese instituto contarían con una garantía, por lo que en caso de que tuvieran alguna falla estructural o hubieran sido construidas en zonas de alto riesgo, el organismo incorporaría el seguro de calidad
a partir de julio de este año, para lo cual se pondría en marcha un programa piloto en algunos desarrollos ubicados en diferentes estados del país, con el objetivo de tener “el aprendizaje necesario” y luego utilizarlo a escala nacional. Manifestó también que este instrumento generaría seguridad y calidad para el trabajador, así como eficiencias en la cadena del tren de vivienda, para beneficio de los desarrolladores, que son quienes absorberían el costo de dicho esquema.
Después de 18 meses de iniciado el proyecto, el instituto dio marcha atrás, entre otras razones, quizá porque el programa piloto anunciado no se pudo implementar, debido a que la empresa elegida no era especializada y nunca aprendió, y por la falta de experiencia de los funcionarios encargados de implementar este nuevo esquema. Ahora la viabilidad del seguro queda en manos de las propias aseguradoras.
Pero la componenda no queda ahí. Ahora se reduce el arancel a las verificadoras, hecho que les resta eficiencia y les permite que en ciertos casos sean las desarrolladoras las que las elijan, algo así como elegir a los directores responsables de obra (DRO) para que se ajusten a sus caprichos. El que paga manda. Menudo favor le hicieron sus subordinados a Alejandro Murat, pues la calidad y la seguridad de las viviendas se sigue poniendo en entredicho.
*Arquitecto, perito, DRO, consultor en normas, regulaciones y capacitación para la construcción. Director de CORPICO.
