Ahora sí: aprueban la Ley de Vivienda de la Ciudad de México
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el martes la nueva Ley de Vivienda para la Ciudad de México, una norma que, según sus promotores, apuesta a la creación de un nuevo órgano en la materia y a la coordinación entre autoridades para que los capitalinos puedan hacer realidad el derecho a tener una casa digna.
La legislación establece que el gobierno deberá definir una "bolsa de suelo" en la que puedan construirse inmuebles de uso habitacional, así como vigilar que su edificación sea congruente con un desarrollo urbano sustentable.
Contempla también la creación de un Consejo de Vivienda que funja como "instancia de consulta y asesoría" en el diseño de la política y los programas en este tema. Para ello, de acuerdo con el documento avalado, podrá emitir opiniones y elaborar sus propias propuestas.
El órgano, que deberá sesionar al menos una vez cada tres meses, será presidido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México o, en su ausencia, por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Como secretario técnico fungirá el director del Instituto de Vivienda (Invi) y los demás integrantes serán los legisladores locales que presidan las comisiones relacionadas con esta materia, representantes de instituciones públicas, colegios, cámaras empresariales y, del ámbito federal, un vocero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
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Otros puntos claves de la nueva ley son la creación de un Sistema de Información sobre las viviendas de la capital y la obligación que tendrán las delegaciones —que próximamente se convertirán en alcaldías— de elaborar diagnósticos sobre las necesidades de vivienda en sus territorios.
Los promotores de la norma argumentan que estas medidas son indispensables porque, hasta ahora, la capital no contaba con un marco que permitiera enfrentar el crecimiento de la población y facilitar a los ciudadanos contar con viviendas adecuadas y cercanas a infraestructura y medios de transporte.
"Desde una perspectiva de derechos humanos, todos los problemas descritos y analizados anteriormente van en perjuicio del cumplimiento cabal del derecho a la vivienda, puesto que en los últimos años se ha observado el crecimiento de los asentamientos irregulares o precarios; el estancamiento en la calidad y cobertura de los servicios básicos; el desconocimiento y la falta de promoción a las formas sociales y de cooperativas para la producción de vivienda; el incremento de los financiamientos privados y la reducción de las acciones del sector público", señala el dictamen.
En materia de acceso, la ley establece que el Invi estará obligado a diseñar mecanismos de financiamiento para la construcción o el mejoramiento de inmuebles, como los créditos, estímulos y apoyos fiscales.
La legislación fue impulsada este año por legisladores de distintos partidos, como Dunia Ludlow, del PRI, y Leonel Luna, del PRD. Ahora, el documento fue enviado al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que lo publique y los ajustes que implica empiecen a ponerse en marcha.
