El proyecto de Sheinbaum para el Corredor Chapultepec ya inició
CIUDAD DE MÉXICO. Con el arranque de la licitación de obras de drenaje y agua para la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia el proyecto del Corredor Chapultepec, el cual busca llevar a cabo con recursos públicos y del que promete informar a los vecinos.
Héctor Villegas, consejero jurídico de la Ciudad de México, adelanta que ya empezó la licitación de obras de drenaje y agua para la vialidad Chapultepec. Además, se ha invitado a desarrolladores inmobiliarios a invertir en la zona.
"Prometemos que en dos meses damos los trámites para cualquier negocio que abra, cualquier construcción, va a haber toda la apertura para esos temas (...) Sí queremos inversión, pero lo que va a hacer el gobierno es dar facilidades administrativas para que puedan invertir, pero sin concesionar el espacio público”, dice Villegas.
En conferencia el 12 de junio pasado, Sheinbaum aseguró que la mayor parte de los vecinos de la zona está de acuerdo con el plan de su administración local para el corredor "porque no tiene nada que ver con la comercialización del espacio público o la privatización del espacio público, sino que significa inversión pública para mejora del espacio público".
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Además, la jefa de gobierno se ha pronunciado en contra de pagar la deuda millonaria por el proyecto de la administración capitalina pasada -que se realizaría bajo concesión, pero que finalmente fue cancelado tras una consulta ciudadana- pues no se realizó ninguna obra ni se entregó a la CDMX el proyecto ejecutivo.
"Queremos decirle a los ciudadanos, ciudadanas, que no vamos a pagar ni un centavo; que, si a caso, el máximo valor por esto no asciende a más de 10 pesos", dijo en junio.
"Lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, que la concesión está cancelada, pero que el gobierno, en la defensa del patrimonio de los ciudadanos, no va a pagar ni un centavo", sostuvo.
La historia de un corredor cancelado
El Corredor Cultural Chapultepec fue anunciado durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la capital (2012-2018) como una solución a los problemas de movilidad sobre avenida Chapultepec, así como una oportunidad de sembrar 500 árboles para enverdecer la vialidad.
La construcción quedó cancelada en 2015 tras el rechazo de la mayoría de los ciudadanos que participaron en una consulta pública.
Deutsche Bank exige hoy a la CDMX un total de 921 millones 116,141 pesos como indemnización, por una obra de la cual no se colocó ni la primera piedra. El monto se divide en dos rubros: 1) 121 millones 546,348 pesos por preparación y ejecución del proyecto y 2) 799 millones 569,793 pesos por pérdida consecutiva de utilidades no obtenidas.
El proyecto era encabezado por Simón Levy, entonces director general de ProCDMX y quien durante los primeros meses de este sexenio fue subsecretario de la Secretaría de Turismo federal (Sectur) en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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La intención era construir un paso elevado para peatones sobre la avenida, desde Amberes hasta Sonora, entre las colonias Juárez y Roma Norte, donde —según los promotores del corredor— los ciudadanos podrían caminar entre áreas verdes y tener acceso a actividades culturales con un tema por cada tramo: pintura y escultura, música y danza, fotografía y arquitectura, literatura, historia, teatro y cine.
Sin embargo, el proyecto no convenció a todos. Activistas ciudadanos, arquitectos y abogados criticaron este plan y lo consideraron una forma de crear nuevos espacios comerciales a favor de un particular con una concesión a 40 años, sin que se obtuviera un beneficio real para la ciudad.
Voces como las de los arquitectos Félix Sánchez, expresidente de la junta de honor del Colegio de Arquitectos, y Billy Springall, del Consejo Rector de Parques Lineales, se unieron a las de activistas como Roberto Remes, de Ciudad Humana —y después coordinador de la Autoridad del Espacio Público—; Mario Rodríguez, de Roma Norte, y Susana Kanahuati, de San Ángel.
"Estaban haciendo una concesión para un corredor comercial con restaurantes y tiendas de cierto nivel, cuando abajo iba a ser el submundo, se iba a quedar la zona deteriorada", dice Kanahuati, del Comité Ciudadano San Ángel, en Álvaro Obregón.
Los opositores actuaron por dos vías: en las urnas y en los juzgados.
En la primera vía, en diciembre de 2015 se realizó una consulta ciudadana coordinada por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF entonces), en la que 14,201 participantes se pronunciaron por el 'No', mientras 7,893 dijeron 'Sí'. Ante el resultado, el 9 de diciembre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial el aviso de cancelación del corredor. También se informó que ProCDMX emitiría las bases para un nuevo proyecto.
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En la segunda vía, que corrió de forma paralela, los opositores iniciaron una batalla legal encabezada por el abogado Ismael Reyes Retana.
Una demanda de amparo se presentó el 6 de noviembre de 2015, en contra de la declaratoria de necesidad, del título de concesión, de que se omitiera la declaratoria de desincorporación del polígono que abarcaba el proyecto y de no contar con los permisos correspondientes, en especial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El 22 de diciembre, un juez de distrito concedió a los quejosos la suspensión definitiva. Con ello, las autoridades tuvieron que abstenerse de implementar un nuevo mecanismo para dar cumplimiento a la declaratoria de necesidad y el título de concesión.
El nuevo gobierno enfrenta la demanda
En diciembre de 2018, a pocos días del cambio de gobierno en la capital, la Secretaría de Finanzas recibió la notificación sobre la demanda millonaria de Deutsche Bank.
La solicitud de indemnización fue presentada en agosto de 2017, casi dos años después de que se cancelara el proyecto. Y en 2018, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió que hubo una extinción anticipada de la concesión, por lo que ordenó a la administración capitalina cuantificar el monto de la compensación.
Sin embargo, las actuales autoridades capitalinas no están de acuerdo con tener que indemnizar en este caso.
Héctor Villegas, consejero jurídico de la CDMX, considera que en el proceso los dados estuvieron cargados a favor del particular desde el propio contrato de concesión.
"Si hacían la obra, había que pagarles; si no la hacían, había que pagarles. Aquí todo favorecía al privado y para la ciudad nada", dice en entrevista.
"Lo que es extraño es que sea tan rápido, porque en 2018 había tendencias de votación, viene la elección, y sí hubo algunas cosas que casualmente las hicieron después de las elecciones", critica el funcionario.
Expansión Política/Obras buscó a las empresas involucradas en el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, pero no obtuvo respuesta.
