La nueva ley única de extinción de dominio incluye corrupción y huachicol
CIUDAD DE MÉXICO. A partir de ahora los delitos de corrupción y huachicol se suman a la lista de ilícitos en los cuales se aplicará la extinción de dominio, de acuerdo con la nueva ley única que fue aprobada el jueves.
Según la Ley Nacional de Extinción de Dominio -que aplicará por primera vez en todo el país- aunque una propiedad haya sido adquirida legalmente, el propietario la puede perder en favor del Estado si quien usa el inmueble, ya sea por arrendamiento o préstamo, lo destina para la comisión de delitos.
Los delitos que ameritan el inicio de un proceso de extinción de dominio son corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol).
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Para evitar que se revierta el derecho de propiedad, los dueños deberán acreditar que actuaron de buena fe. Por ejemplo, en un caso de arrendamiento, el propietario deberá contar con contrato, haber pagado los impuestos correspondientes, acreditar que el inmueble fue adquirido de manera lícita y que no tuvo conocimiento de que en el inmueble se cometían ilícitos, y en caso de tenerlo, haber tratado de impedirlo o haber dado aviso a las autoridades.
En la Ciudad de México, entidad donde más se ha recurrido a esta figura jurídica, de 2009 a 2019 se han iniciado 400 juicios, de los que 63.7% se han concluido.
Además, la nueva legislación también contempla que el Estado pueda disponer o vender los bienes objeto de extinción de dominio antes de que se dicte sentencia, ello con la finalidad de evitar que se generen costos al erario.
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En la capital del país, tan solo en 2018, el costo anual de vigilancia de 93 inmuebles ascendió a 53 millones de pesos.
Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, los estados tendrán un plazo de 180 días para armonizar las legislaciones locales.
La nueva normativa se aprobó con el objetivo de hacer más eficiente la todavía ley federal, ya que se le considera prácticamente imposible de ejecutar. Además, aunque algunos estados cuentan con normativa en la materia, sus efectos se ven limitados por cuestiones territoriales y criterios distintos.
