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Cómo blindar a la CDMX de nuevos 'cárteles inmobiliarios'

La transparencia y participación activa de ciudadanos son claves para evitar que resurjan estos actos.
vie 27 noviembre 2020 05:00 AM
Cerro de la Silla panorama in Monterrey, Mexico on a cloudy summer day
En la Ciudad de México se identificó a un grupo de empresarios y políticos catalogados como el "cartel inmobiliario".

La Ciudad de México puede emprender una serie de medidas y acciones para evitar que revivan prácticas del llamado ‘cartel inmobiliario’ , recomiendan especialistas. Este grupo estaría conformado por un grupo responsable de las irregularidades en este sector en la Ciudad de México, señaladas por Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno.

Tras una indagatoria, se detectó que del total de construcciones inmobiliarias de la metrópoli, en 27% había anomalías como falta de permisos o violación a las normas y con las que empresarios se habrían beneficiado al construir y vender más viviendas.

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Una de las medidas que debe ponerse en marcha es la implementación de un modelo de gobernanza que involucre a los vecinos, la iniciativa privada, los gobiernos locales y el de la Ciudad de México, menciona Carlos Jiménez, experto en economía e investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

“Necesitamos definitivamente una mayor participación y una vida más activa en términos democráticos, es decir, que haya organización de vecinos a través de asambleas, pero también un acercamiento constante con autoridades. Mesas de diálogo, seguimiento, trazos de proyectos”, dice.

Sobre todo porque en algunos casos los proyectos inmobiliarios no son negativos y es necesario mostrar los beneficios de cada uno en la comunidad.

Por ejemplo, los desarrolladores de dichos inmuebles pueden ofrecer mejoras en las colonias como remodelación de camellones, áreas verdes, entre otras.

Este modelo de gobernanza también es conocido como caja de cristal o pecera porque todo lo que ocurre dentro del gobierno es visible.

“Lo que hace el funcionario lo sabe cualquier vecino o lo debería saber para que cuando lo hagan mal, se detecte y sea a la luz de todos”, señala.

Para ello, es necesario crear prácticas horizontales, es decir, que permitan que la ciudadanía conozca las acciones de los funcionarios y pueda comunicarse con ellos, explica.

“Va a ser muy claro cuando esté rebasando pisos, niveles que no debe rebasar o ciertas características que no deberían estar en esa zona”, comenta.

Resalta que es esencial que la información de todos los desarrollos inmobiliarios debe ser pública y accesible para todos los ciudadanos.

“Para que haya máxima transparencia, esto nos va a salvar de muchas cosas y nos cura de la corrupción”, asevera.

Rubén Juárez, coordinador de la División de Diseño y Edificación de la FES Acatlán, UNAM, coincide en que debe haber una máxima transparencia y obligar a los desarrolladores a exponer claramente un letrero en la obra con todas las características de la misma sin excepción.

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Asimismo, expone que es esencial adecuar los planes de desarrollo urbano para que sean congruentes con la Constitución Política de la Ciudad de México con el fin de definir claramente densidades.

Advierte que se debe hacer un análisis regional para determinar si cada alcaldía tiene la capacidad en términos de servicios de permitir mayor densidad y, en consecuencia, alojar más habitantes.

Además, es esencial capacitar a todas las personas involucradas en el otorgamiento de permisos de construcción e incluso auditarlos.

Por ejemplo, los Directores Responsables de Obra (DRO) deberían ser auditados en torno a los permisos que autorizan para proyectos inmobiliarios y que no solo se les pidan avalar su conocimiento sobre la regulación vigente.

“Debería ser primero una auditoría de qué firmaste y si hubo término de obra”, dice.

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Ojo público concentrado en el cartel

La operación del ‘cartel inmobiliario’ debe ser castigada y para ello debería crearse un instituto enfocado exclusivamente al castigo de este tipo de actos, sugiere Juárez.

“Debe analizarse el costo- beneficio de hacerlo”, considera.

Este instituto podría ser operado con los propios recursos de las sanciones impuestas a los empresarios que hayan sido parte de estas operaciones.

Dicho organismo permitiría que se castiguen estos actos con la mayor celeridad posible y sin distraer a las autoridades de sus otras funciones, explica.

Juárez considera que la autoridad ha sido reactiva cuando debe ser correctiva.

Sin embargo, a la fecha, solamente se ha demolido uno de los edificios irregulares.

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Ven esencial erradicar la impunidad

Un aspecto esencial para blindar a la Ciudad de México de actos semejantes a los del ‘cartel inmobiliario’ es que realmente se aplique la ley, ya que la impunidad desincentiva la denuncia ciudadana y propicia más casos similares.

“En la medida en que la gente dice ‘bueno, ¿ya lo hice y?, no pasó nada, no hubo castigo. Yo gané lo que debía ganar, la gente se va desmotivando a denunciar”, sostiene.

Enfatiza que debe ser claro que la ley aplica para todos y no solamente aplicable en algunos casos.

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Por otra parte, Juárez sostiene que no debe dejarse de lado la ética profesional y la necesidad de que se reafirme desde las cámaras del sector.

Añade que, desde las instituciones y universidades, debe fomentarse esta y entender la importancia de operar sin dejarla de lado.

“El riesgo que tienes que un error en esto cuesta vidas”, declara.

Un juez de Control vinculó a proceso a Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio Enrique Rébsamen, por permitir en este plantel educativo una construcción sin apego a licencia y en el que murieron 29 personas, incluidos menores de edad a raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017.

Enfatiza que también se demerita la calidad de vida de los habitantes donde se construyen edificios fuera de la norma porque estos demandan una serie de servicios que rebasa la capacidad de la zona.

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