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La vivienda social está de regreso en México y el sector constructor se prepara

La industria privada ajusta costos y estrategias ante el programa de la vivienda social que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum.
mié 18 diciembre 2024 05:00 AM
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El Infonavit y la Conavi han anunciado que recurrirán a las desarrolladoras de vivienda para construir inmuebles del segmento social.

En la cocina de las políticas que buscan convertirse en un emblema de la administración de Claudia Sheinbaum, las referentes a la vivienda social están terminando de cocerse. Durante este sexenio, la accesibilidad a la compra y renta de inmuebles ha sido elevada a prioridad nacional y, declaración tras declaración, se perfila como un cambio para el sector.

El eje principal será que el gobierno federal construirá un millón de viviendas sociales en el sexenio, marcando el regreso de este segmento después de años de rezago, de la mano de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quienes se apoyarán en las constructoras. “El sector vivienda estuvo rezagado durante 12 años y hoy finalmente estamos en la palestra”, dijo Sergio Leal, presidente de Vinte, en entrevista para Expansión en noviembre de este año.

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Las estrategias para el regreso de la vivienda social

“No es sólo construir, sino generar condiciones para que los proyectos sean viables. Se requiere una coordinación entre desarrolladores, municipios y estados para disminuir los tiempos y costos de trámites”, detalla Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

En respuesta a los nuevos programas, el sector privado implementa estrategias para adaptarse. Canadevi y otras voces del sector identifican acciones clave en varias regiones del país.

Estamos viendo un cambio en la estructura de los proyectos. Las unidades tienden a ser más pequeñas, pero funcionales. El reto está en optimizar los costos y asegurar que los proyectos sean rentables.
Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Canadevi.

La industria apuesta por viviendas más compactas, de entre 50 y 60 metros cuadrados, que optimizan el uso del espacio. Estas unidades, orientadas a familias pequeñas, buscan precios accesibles de entre 500,000 y 800,000 pesos.

Esta tarifa de precios es la prioridad. Tras el anuncio del permiso de adquirir 100% de las acciones de Javer, el director general de Vinte, Sergio Leal, dijo que con la viviendera fortalecerían su capacidad de hacer inmuebles de valores debajo del millón de pesos, lo que demanda el mercado.

El gobierno federal también tiene se alineará a esta fórmula con la construcción de unidades de entre 40 y 60 metros cuadrados, enfocadas en jóvenes o familias, para venta y renta.

En el norte del Valle de México, municipios como Tecámac y Tizayuca se han convertido en puntos estratégicos para proyectos de vivienda social, gracias a la disponibilidad de suelo a precios más accesibles y con infraestructura básica de servicios.

Algunas desarrolladoras ya comenzaron proyectos piloto en zonas de alta demanda. En Monterrey, por ejemplo, el 54% de las viviendas vendidas está orientada al interés social, según un análisis de Tinsa, una consultora inmobiliaria.

Para reducir costos, el sector recurre a tecnologías como materiales prefabricados y procesos industrializados, que reducen los tiempos de obra y optimizan recursos. “El uso de procesos industrializados es clave para ofrecer viviendas de calidad a precios accesibles”, explica Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de Canadevi.

El papel del Infonavit es fundamental en esta adaptación. Con una cartera de créditos robusta y la flexibilidad que otorga su reforma, el organismo se perfila como el principal impulsor del financiamiento para la vivienda social.

“El Infonavit tiene el potencial financiero y operativo para ser el motor del regreso de la vivienda social. Nuestra labor como desarrolladores es aprovechar estos recursos para generar oferta que responda a la demanda real”, afirma Canadevi.

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Retos pendientes y el camino por recorrer

Persisten, no obstante, desafíos significativos. El alto costo de la tierra, sobre todo en la Ciudad de México, limita la producción de vivienda social en zonas metropolitanas.

“La tierra disponible en zonas urbanas limita la construcción de vivienda accesible. En el Valle de México, por ejemplo, la oferta se concentra en unidades pequeñas, con precios que oscilan entre los dos y tres millones de pesos”, señala Justino Moreno, director de consultoría de Tinsa.

Resolver estos problemas requerirá la colaboración de los tres niveles de gobierno, con incentivos fiscales y administrativos que faciliten la ejecución de proyectos.

“La demanda existe, pero necesitamos condiciones claras y viables para que la oferta se reactive. Si logramos esto, el regreso de la vivienda social puede ser una realidad tangible”, concluye el presidente de la Canadevi.

La reacción del sector privado: adaptación y expectativas

Ante estos anuncios, el sector privado respondió con una mezcla de cautela y determinación. La confirmación de su participación en los programas gubernamentales fue un giro crucial para una industria que llevaba años esperando señales claras. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) ha sido la principal voz que resume los desafíos y ajustes necesarios.

“Hay cinco millones de mexicanos con derecho a una vivienda en el rango de 500,000 a 650,000 pesos, pero no se está construyendo en la cantidad necesaria. Las barreras siguen siendo los costos de la tierra, los materiales y la tramitología. Resolverlo es el reto principal”, explica Luis Alberto Moreno, presidente de Canadevi.

El organismo también ha puesto énfasis en el impacto del mercado informal, donde se construyen hasta 750,000 viviendas al año sin servicios básicos ni planeación urbana. “Este tipo de viviendas carecen de servicios y generan un desgarramiento del tejido social. Por eso es fundamental que la vivienda formal y accesible regrese al centro de la política pública”, añade Moreno.

Los retos, sin embargo, continúan. La eliminación de subsidios federales en 2018 redujo drásticamente la producción de vivienda económica, y hoy la industria enfrenta costos de tierra elevados y procesos administrativos complejos.

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