Airbnb asegura que desde sus inicios en México ha colaborado con las autoridades, destacando acuerdos para retener y remitir el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) en 19 estados. También afirma cumplir con la reforma fiscal a plataformas digitales de 2020.
En su defensa, la empresa argumenta que las restricciones actuales, que imponen un límite del 50% de las noches disponibles al año para las viviendas ofrecidas en plataformas digitales, fueron implementadas sin considerar su postura ni el impacto en los anfitriones locales. “Estas regulaciones benefician a la industria hotelera y afectan a miles de ciudadanos que dependen de Airbnb para complementar sus ingresos”, señala su comunicado.
Además, la plataforma enfatiza que el impacto de las estancias turísticas en la disponibilidad de vivienda es mínimo. Según datos proporcionados por Airbnb, los alojamientos completos para estancias turísticas representan menos del 1% de las viviendas en la Ciudad de México.
De acuerdo con el gobierno local, el capital del país existen aproximadamente 280,000 viviendas deshabitadas en la capital, 10 veces más que las unidades destinadas a estancias turísticas.
¿Las restricciones de estancias de verdad afectan más?
Maria Silvia Emanuelli, coordinadora regional del organismo, describe el amparo de Airbnb como parte de una estrategia que ha llevado a cabo la empresa, en México y otras partes del mundo, para liberarse de las restricciones.
“El crecimiento de Airbnb ha generado una situación en la que las viviendas disponibles para los residentes se destinan a turistas”, explica.
Según datos de Inside Airbnb (proyecto de datos independiente que recopila información sobre los anuncios de la plataforma) a noviembre de 2024, en la CDMX el 78.8% de las propiedades anunciadas son viviendas completas, lo que, de acuerdo a la especialista, reduce las opciones de vivienda de larga estancia al significar 8,586 unidades.
Otro de los datos proporcionados por Inside Airbnb, que contrastan con el posicionamiento de la plataforma, es que las propiedades administradas por grandes operadores representan una proporción significativa de los listados.
Estas propiedades suelen ser administradas por empresas profesionalizadas, lo que crea una competencia desigual con los residentes locales.
“Muchos pequeños anfitriones defienden la plataforma por expectativas de negocio que no son realistas”, señala Emanuelli, al explicar que en muchos casos, creen que pueden generar ingresos significativos al ofrecer sus espacios, pero los datos demuestran lo contrario.
“La ocupación promedio para estos anfitriones rara vez supera el 30 a 40% del tiempo, y mantener una vivienda alquilada durante todo el año es una tarea prácticamente imposible para la mayoría. Al final, quienes logran beneficios reales son los grandes operadores con múltiples propiedades, mientras que los pequeños anfitriones quedan atrapados en una competencia desigual que pocas veces les resulta rentable”, explica.
Otro punto controvertido es el beneficio que estas restricciones traen a la industria hotelera, pues Airbnb argumenta que la nueva regulación fomenta la competencia desleal al favorecerla.
Sin embargo, HIC-AL considera que la problemática principal es la transformación de viviendas en “hoteles disfrazados”. “Antes de Airbnb, los hoteles ya enfrentaban críticas por su impacto, pero nunca había ocurrido que los residentes fueran desplazados por turistas en esta escala”, puntualiza la especialista.
