Uno de cada cuatro adultos mayores del país vive en rezago habitacional

Aunque se trata de una población creciente que superó los 15 millones de personas en 2020, con una respuesta institucional que va en aumento, las acciones aún son limitadas.

Entre 2019 y 2024 se realizaron 117,896 acciones dirigidas a personas adultas mayores, de las cuales solo 1.5% consistió en nuevas edificaciones. El 76% se enfocó en mejoramientos o adaptaciones de vivienda.

Concentración del rezago por entidades

El rezago habitacional entre personas mayores no está distribuido de manera uniforme en el país. Cuatro entidades concentran los porcentajes más altos: en Chiapas y Tabasco, más de 60% de los adultos mayores vive en condiciones precarias. Oaxaca reporta más de 40% y Veracruz más de 30%.

En contraste, entidades como Baja California Sur, Aguascalientes y Colima tienen los porcentajes más bajos, aunque en ningún estado el problema es inexistente.

Recursos y complejidades legales

Otro problema para las personas mayores radica en el estado legal de sus inmuebles. Aunque más de 85% de las personas mayores en México vive en vivienda propia, la seguridad de esa tenencia no siempre está garantizada.

En caso de fallecimiento del cónyuge, muchas mujeres no pueden acreditar legalmente la propiedad. Además, la falta de ingresos suficientes para mantenimiento o mejora de la vivienda limita su habitabilidad.

El ingreso trimestral promedio de los hogares encabezados por personas mayores es de 32,017 pesos. Cerca de la mitad de ellos se ubica en los tres deciles más bajos de ingreso nacional. Esta situación reduce el margen para invertir en adecuaciones, mantenimiento o mejora de infraestructura básica.

En los casos de alquiler, el problema es aún más marcado. El 32.4% de los hogares con jefatura mayor y discapacidad destina al menos 30% de sus ingresos corrientes al pago de renta. Este umbral es considerado como el límite superior para mantener una vivienda asequible, sin comprometer el acceso a otros bienes y servicios básicos.

La vivienda aumenta los riesgos de salud

La ubicación también representa un reto. Más de 12% de las personas adultas mayores necesita desplazarse durante una hora o más para llegar a un hospital en caso de emergencia. Esta distancia limita el acceso a servicios de salud, especialmente en situaciones críticas, de acuerdo con la Conavi.

En cuanto a infraestructura básica, 13.6% de las personas mayores con discapacidad vive en viviendas donde el agua llega con baja frecuencia.

“Las personas mayores presentan dificultades para pagar la renta debido a incrementos o a una pensión insuficiente; lo que las vuelve un sector vulnerable ante desalojos forzados”, señala el informe de Conavi.

Viviendas no aptas

Las viviendas actuales no están diseñadas para las necesidades del envejecimiento. Muchas personas mayores requieren espacios accesibles que les permitan moverse con seguridad y realizar tareas cotidianas sin asistencia. Sin embargo, la mayoría de las construcciones no contempla medidas de accesibilidad ni principios de diseño universal.

Además, casi una cuarta parte de ellos reside en viviendas con pisos de tierra o materiales no sólidos, lo que representa un riesgo adicional de accidentes o enfermedades.

La OCDE recomienda incorporar principios de accesibilidad obligatoria en la construcción de vivienda nueva. “Las ciudades deben aplicar prácticas de diseño accesibles en todos los niveles de gobierno”, indica el estudio Cities for All Ages.

También sugiere utilizar herramientas como “gemelos digitales” para simular el uso del entorno urbano por distintos grupos etarios antes de ejecutar obras.

Programas actuales y líneas de atención

A nivel federal, tres programas concentran la atención habitacional a personas mayores: el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y el Programa de Vivienda Social (PVS). Estos instrumentos están enfocados en la construcción, mejoramiento o rehabilitación de viviendas, principalmente en contextos de alta marginación o tras desastres naturales.

El PNR y el PMU operan con un enfoque territorial y otorgan subsidios directos. Entre 2019 y 2023, más de 59% de sus beneficiarios mayores de 60 años fueron mujeres.

El PVS, por su parte, otorga apoyos para ampliación, mejoramiento o autoproducción de vivienda. Entre 2019 y 2024, el programa realizó más de 90,000 acciones para personas adultas mayores. Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Puebla fueron las entidades con más acciones ejecutadas en este grupo etario.

Aunque los programas lograron cobertura en zonas prioritarias, el estudio concluye que la política habitacional debe integrar con mayor profundidad una perspectiva de envejecimiento, seguridad jurídica y accesibilidad.

La mayoría de las personas mayores prefiere permanecer en su hogar y no migrar a viviendas colectivas para recibir cuidados, por lo que se requiere fortalecer las estrategias de adaptación y rehabilitación del entorno actual.

Perspectiva internacional

El diagnóstico de México no es aislado. La OCDE señala que, en muchos países, el envejecimiento poblacional supera la velocidad de adaptación de las políticas urbanas y de vivienda.

El informe Ciudades para todas las edades advierte que, sin intervenciones específicas, las ciudades enfrentan mayores costos públicos por salud, movilidad reducida y exclusión de grupos vulnerables.

En este escenario, organismos internacionales como ONU-Hábitat reiteran la importancia de construir ciudades accesibles, inclusivas y multigeneracionales.