“Mientras no se tenga un proyecto de construcción de vivienda asequible, de calidad y con servicios, no se puede estar conteniendo de manera artificial la subida de precios”, señaló Karim Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)l.
También cuestiona los efectos que esta política puede tener en los planes de inversión: “Si yo tuve mi proyección financiera a 15 años y voy en el año dos y ahorita me controlan los precios, ya no voy a recuperar mi inversión. Entonces, sí me parece una medida que no está pensada desde un panorama general”.
Los decretos de congelamiento, por su parte, establecían condiciones similares: cualquier aumento debía ser autorizado por vía judicial, y las rentas de nuevos contratos debían ser iguales a las del contrato anterior, incluso si se trataba de un nuevo inquilino.
El artículo segundo del decreto de 1943 indicaba que “el precio de los arrendamientos no podrá ser elevado ni directa ni indirectamente”. En algunos casos, se llegó a multar a propietarios con el equivalente a 12 meses de renta por incumplimiento.
El Bando 1 evita esa rigidez al permitir márgenes de ajuste atados a variables económicas oficiales. Además, incorpora mecanismos de monitoreo, revisión periódica y procesos administrativos que, en principio, buscan evitar los efectos no deseados que caracterizaron a las medidas anteriores, dice Leonardo Tejeda.
No obstante, la escasez estructural de vivienda en la ciudad,reconocida por González Tejeda como un “hecho estructural que debemos ponderar para ver el impacto del Bando 1”, podría influir en el alcance y efectividad de la medida.
El presidente de la AMPI advierte que “no se puede controlar la renta a través de ahorcar a los propietarios para que bajen los precios si no se está construyendo del otro lado”.
En suma, aunque el plan anti-gentrificación retoma el espíritu de protección a los inquilinos que caracterizó a las políticas del siglo XX, sus fundamentos técnicos, marco legal y contexto urbano lo distinguen de los decretos de congelamiento.
Mientras aquellos surgieron como una respuesta inmediata ante crisis económicas, el nuevo instrumento busca intervenir en las dinámicas de mercado para contener procesos de expulsión social vinculados al encarecimiento del suelo.
