El 20 de julio de 2025, una marcha en contra de la gentrificación en el sur de la Ciudad de México colocó en el centro del debate al desarrollo inmobiliario Fuentes Brotantes 134. Ubicado en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, el proyecto se convirtió en un punto de conflicto entre vecinos, activistas y la desarrolladora.
El conjunto, promovido por la Graus y liderado legalmente por Jorge Raúl García Sosa, contempla la construcción de 52 viviendas en un predio colindante con el parque nacional Fuentes Brotantes.
El terreno, de acuerdo con el vocero, es de propiedad privada desde 2003, cuenta con certificados de uso de suelo emitidos años antes y una zonificación habitacional. “No vamos a construir en el área natural protegida, colindamos con ella, pero no la invadimos”, dijo.
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Documentos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) constataron en 2012 que se emitieron certificados de uso de suelo anteriores y que el predio privado tenía una zonificación H/3/30/MB (habitacional, tres niveles máximo de construcción, 30% de área libre y densidad muy baja).
La propuesta urbanística abarca 9,519 metros cuadrados, aunque la normatividad permite hasta 23,000. De acuerdo con el desarrollador, se conservará el 60% del terreno como área libre, incluyendo un jardín central de 3,000 metros cuadrados.
El proyecto consiste en 52 casas.(Foto: Fuentes Brotantes 134)
Las viviendas, de entre 185 y 205 metros cuadrados, tienen precios que van de 8.4 a 11.5 millones de pesos y contarán con biodigestores, planta de tratamiento de aguas residuales y pozos de absorción pluvial. “Estamos desarrollando menos de lo permitido, en armonía con la zona”, aseguró García.
Durante el proceso, la empresa llevó a cabo una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) validada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), que tardó cinco años en completarse.
“No somos un megaproyecto ni una unidad habitacional masiva, estamos haciendo infraestructura verde, no afectamos zonas protegidas”, dijo Jorge Raúl García Sosa.
Como parte de las condicionantes, el desarrollador se comprometió a talar solo 34 árboles (de los 47 autorizados), trasplantar 13 y compensar con la plantación de 200 ejemplares. También se realizaron dos consultas con habitantes, coordinadas por un experto ambiental independiente, cuenta.
El proyecto tiene precios a partir de los 8 millones de pesos.(Foto: Fuentes Brotantes 134)
La protesta
Pero el Frente Antigentrificación señala al conjunto habitacional más allá de su legalidad y cumplimiento técnico. El colectivo, que convocó la protesta del 20 de julio, cuestiona el carácter del desarrollo y sus implicaciones sociales y territoriales.
“Solo el 5% de la población puede acceder a viviendas de este tipo”, señaló su vocero, Luna, al destacar que el fenómeno no es solo ambiental, sino también social. Desde su perspectiva, proyectos como Fuentes Brotantes 134 están diseñados para perfiles de altos ingresos y elevan los precios del suelo en zonas donde históricamente vivía población de menores recursos.
La plataforma Clau estima que el precio promedio del metro cuadrado en Santa Úrsula Xitla ronda los 29,454 pesos.
Luna planteó que este tipo de proyectos modifican la vocación del territorio, orientándolo hacia usos residenciales excluyentes. “Lo que se genera es una presión indirecta para que los habitantes actuales abandonen sus viviendas”, expresó.
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Agregó que, a pesar de que se mantengan formalmente los límites de un parque, los efectos sociales y ambientales se sienten en el entorno inmediato.
La marcha tuvo lugar en Fuentes Brotantes, para destacar que el fenómeno también ocurre en el sur de la ciudad.(Raquel Cunha/REUTERS)
Enfatizó que “aunque sea legal, eso no significa que sea justo”. Para él, la legalidad de los permisos no elimina el impacto urbano y cultural que representa el desarrollo en barrios donde el tejido social es frágil y los servicios, como el agua, ya están comprometidos.
Las denuncias vecinales también incluyen preocupaciones por la infraestructura hidráulica. Algunos habitantes advierten que el consumo de agua diario del conjunto puede superar los 100,000 litros, en una zona con escasez recurrente.
Más allá del caso puntual, Fuentes Brotantes 134 refleja la extensión del fenómeno de la gentrificación hacia zonas antes consideradas periféricas, de acuerdo con el Frente.
Tradicionalmente, las discusiones sobre desplazamiento urbano en la Ciudad de México se concentran en colonias como Roma, Condesa y Juárez. Sin embargo, el sur capitalino comienza a ser escenario de procesos similares.
“Ya no es un tema solo del centro, también hay presión inmobiliaria en zonas periurbanas con valor ambiental”, dijo Luna.
El fenómeno, explica, ocurre cuando proyectos habitacionales elevan el valor de una zona y excluyen a sus habitantes tradicionales, directa o indirectamente. El cambio en la composición demográfica, la transformación del comercio local y la presión sobre servicios públicos son algunos de sus efectos.
“La vivienda se está convirtiendo en activo financiero y no en un derecho”, advirtió el vocero del Frente.
La problemática se vuelve compleja por la falta de regulación que limite la especulación inmobiliaria o que garantice la permanencia de comunidades vulnerables.
Entre las propuestas del Frente se encuentra la creación de vivienda pública con enfoque intercultural, programas específicos para mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad y la participación obligatoria de pueblos originarios en decisiones territoriales.
Mientras la construcción de Fuentes Brotantes 134 continúa, los opositores consideran estrategias jurídicas para detener o modificar el proyecto.
El desarrollador, por su parte, menciona la posibilidad de demandar por difamación a quienes difunden lo que considera información falsa. “Queremos seguir como un desarrollo sano, pero si se rebasa el límite, vamos a defendernos legalmente”, dijo García Sosa.
