En la calle República de Cuba 11 se llevó a cabo el desalojo de 20 familias.(Graciela López Herrera)
Diana Zavala
La noche anterior, Sol se fue a dormir a su recámara, en el edificio de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico de la CDMX. Cerró los ojos rodeada de los objetos que le daban sentido a su hogar.
Al día siguiente, a la misma hora, el escenario cambió por completo: ya no había paredes ni techo que la resguardaran, sino muebles y pertenencias apilados en la calle.
Allí, junto a otras 20 familias, permaneció despierta, cuidando lo que pudo rescatar y preguntándose lo que haría si la lluvia alcanzaba sus cosas.
Ese mismo día, alrededor de las 7:30 horas, un operativo fue la alarma que la levantó. Policías y decenas de civiles entraron al edificio con una orden en mano. La instrucción fue directa: desalojar a todos los habitantes, algunos con décadas de vivir ahí.
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“Solo enseñaron el documento y entraron”, contó Sol, aún sorprendida por la rapidez del desalojo. En cuestión de minutos, adultos mayores, una mujer que depende de oxígeno y otra con ceguera, fueron sacados del inmueble.
La habitante del edificio no recuerda haber recibido antes una notificación oficial ni un plazo para salir por voluntad propia, aunque las autoridades aseguran lo contrario.
“De pronto llegaron, no hubo notificación, no llegó nada”, relató Sol. “Robaron teléfonos, dinero, lo que más pudieron encontrar”, denunció.
El caso no es aislado. Dos días antes, en la colonia Roma Norte, 22 familias que vivían en Tonalá 125 tuvieron que dejar el edificio por la misma razón.
Semanas atrás, 14 familias de la colonia Narvarte enfrentaron un desalojo en Heriberto Frías 250. Las imágenes de decenas de personas en la calle, con sus pertenencias apiladas, se volvieron virales en redes sociales y reavivaron la pregunta: ¿cuándo un desalojo es legal y cuándo no?
Vecinos del edificio informaron que el desalojo fue ejecutado sin previo aviso.(Graciela López Herrera)
Lo que dice la ley
Los desalojos, explica Rodrigo Véjar, socio fundador de Véjar Abogados, no son un fenómeno nuevo. “Siempre ha habido en cantidades importantes”, señaló.
La diferencia, considera, es que hoy los casos circulan en redes sociales y alcanzan mayor visibilidad. En términos legales, un desalojo puede derivar de varias causas:
-Arrendamiento: el caso más común, cuando un inquilino deja de pagar renta.
-Hipotecas: los bancos inician juicios especiales hipotecarios para recuperar la propiedad y sacarla a remate.
-Compra-venta: rescisión de contratos cuando la operación no se cumple.
-Comodato, usufructo o herencia: acuerdos de uso que terminan en controversias.
También existe la acción reivindicatoria, cuando el propietario reclama un inmueble ocupado sin título, como sucede en tomas irregulares y, que de acuerdo con una demanda interpuesta en el Juzgado 54 de lo civil, fue el caso del edificio donde vivió Sol, en República de Cuba.
En todos estos supuestos, el desalojo es la etapa final de un juicio. Antes, el demandado debe ser notificado, presentar pruebas, acudir a audiencias y tener acceso a recursos de apelación.
“En un procedimiento legal, no es que de un día para otro te desalojen. Hay un juicio detrás que puede durar dos, tres o hasta cinco años”, explicó Véjar.
El artículo 17 constitucional establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Si un propietario decide recuperar un inmueble sin pasar por juicio, incurre en despojo, un delito que puede tener consecuencias penales.
Es el tercero de los desalojos registrados en agosto.(Graciela López Herrera)
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¿Cómo se ejecuta un desalojo legal?
En los casos legales, el procedimiento es estricto. Una vez agotados los juicios y recursos, el juez dicta sentencia y ordena la ejecución. El actuario, funcionario del juzgado, acude al inmueble acompañado de la orden judicial.
Primero pide al ocupante que entregue la propiedad voluntariamente. Si se niega, se procede al desalojo forzoso, pero solo bajo lo que dicta el documento: si la orden autoriza fuerza pública, pueden acudir policías.
Si autoriza la fractura de cerraduras, un cerrajero puede romper la chapa. “Nada que no esté ordenado en la orden judicial se puede hacer”, señaló Véjar.
En la práctica, cuando los residentes no quieren o no pueden sacar sus cosas, se contratan cargadores para poner los muebles en la calle. “Es una consecuencia fuerte, pero hablamos de un procedimiento llevado conforme a la ley”, explicó el abogado.
Los desalojos ilegales
No todos los desalojos siguen este camino. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran las llamadas “notificaciones fantasma”. En ellas, se simula haber informado a los ocupantes de un juicio, aunque nunca ocurrió. “En esos casos, la gente se entera hasta que ya está el actuario afuera con los policías”, alertó Véjar.
La defensa inmediata es el amparo indirecto, que puede detener el desalojo o incluso restituir la posesión. Todo depende del momento en que los residentes se enteran. Si es antes de la sentencia, pueden impugnar las notificaciones; si es durante la ejecución, las posibilidades son más limitadas.
Los desalojos aunque son sensibles, en la mayoría de las ocasiones son legales, dice el abogado.(Foto: Diana Zavala, Obras)
Estrategias de prevención
El abogado señaló que existen mecanismos preventivos para no ser sorprendidos. Despachos legales ofrecen sistemas de alertas para detectar si alguien inició un procedimiento en contra de un inmueble.
Además, el Registro Público de la Propiedad cuenta con un servicio para avisar cuando se inscribe un embargo o demanda relacionada.
Estas herramientas permiten reaccionar a tiempo, aunque no eliminan el problema de fondo: los desalojos ilegales derivados de corrupción en juzgados o de acciones directas de particulares.
Entre lo legal y lo social
Los desalojos en la Ciudad de México son, al mismo tiempo, un procedimiento judicial y un fenómeno social. En el papel, la ley obliga a meses o años de litigio, notificaciones formales y sentencias firmes.
En la vida cotidiana reina el desconcierto, el desconocimiento y las prácticas que dejan a las familias sin saber dónde dormir, con sus pertenencias sobre la banqueta o el asfalto.
El caso de calle República de Cuba refleja esa tensión: vecinos que aseguran no haber sido notificados frente a un sistema que, en teoría, establece juicios largos y con garantías de audiencia.
Entre lo legal y lo ilegal, cientos de familias que enfrentan la incertidumbre de perder su vivienda de un día para otro.
