Los desastres no naturales
El impacto derivado de los recientes fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel ha provocado una reacción sui géneris en las autoridades de los tres niveles de gobierno, que han ofrecido diversas investigaciones para identificar los orígenes de los desastres, muchos de ellos llamados ‘naturales’, cuando ya anticipamos que en muchos de ellos está presente la intervención humana.
Las investigaciones ordenadas prometen averiguar las causas y, en su caso, identificar a los probables responsables.
Gobernadores y exgobernadores, presidentes y expresidentes municipales, al igual que otros funcionarios públicos, se desgañitan informando que no autorizaron nuevos desarrollos o asentamientos humanos, o que no concedieron modificaciones de usos y destinos del suelo, desviando la atención a funcionarios menores o a corruptelas ajenas a ellos, olvidando de paso la irresponsabilidad al ignorar a los asentamientos irregulares.
Quizá en parte puedan tener razón, pero también haría falta mencionar que algunas acciones fueron motivadas por algunos promotores inmobiliarios que abiertamente ignoraron la normatividad y que fueron solapados por quienes, en su momento, emitieron las diversas aprobaciones.
No debemos olvidar que existen regulaciones locales y federales que obligan a los propietarios de nuevos desarrollos inmobiliarios a efectuar un análisis de riesgos en los terrenos donde pretenden construir. Los reglamentos de construcción requieren, entre otros, de estudios geotécnicos e hidrológicos para emitir las licencias, y la Ley General de Protección Civil hace énfasis en la obligación del propietario de identificar los peligros que puedan propiciar impactos destructivos sobre personas, bienes e infraestructura, considerando como delito grave la omisión de los respectivos análisis de riesgos y las correspondientes medidas de mitigación; esto sin menoscabo de los estudios de impactos urbanos y ambientales que también obligan a tales análisis.
Por otro lado, los gestores y técnicos de los promotores, que desconocen a profundidad la normatividad aplicable y que sin escrúpulo alguno se apoyan únicamente en los planes de desarrollo urbano —infiriendo que si el uso del suelo de su interés es permitido— automáticamente están exentos de peligro, cuando sabemos que dichos planes, si existen, no consideran en su generación estudios profesionales relacionados a identificar zonas de riesgo, respondiendo generalmente a intereses comerciales o vecinales.
En este contexto, el Infonavit ha informado que ahora sí la evaluación y la prevención de riesgos serán obligatorias para los nuevos conjuntos habitacionales, principalmente para evitar daños estructurales al patrimonio de sus derechohabientes.
Estamos ante un parteaguas que obliga a los actores de la industria de la construcción a la profesionalización y a ofrecer garantías de mayor plazo y alcance.
