En la sala de espera
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sólo prevé la construcción de dos obras bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), de 77 proyectos contemplados. Los especialistas coinciden en que se debe a factores como el desconocimiento y la complejidad del proceso.
Bajo este esquema, actualmente la entidad tiene en su cartera la demolición, la construcción y la prestación de servicios en el Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, en el Distrito Federal, así como la construcción de una clínica-hospital en Yucatán, cuya ejecución iniciará en 2015.
Desde el punto de vista de Francisco Ibáñez, socio líder de Proyectos de Capital e Infraestructura de PricewaterhouseCoopers México (PWC), el sector privado no participa frecuentemente en licitaciones bajo este esquema. “Por alguna razón que no es muy clara, no explotan este concepto”, además de que persiste la falta de conocimiento en las mismas oficinas gubernamentales, argumenta.
Sin embargo, este modelo de negocios “mitiga el riesgo de integración al tener un solo privado que resuelve todos los problemas de equipamiento e infraestructura y el gobierno se enfoca en brindar un servicio de salud, que es el que debe dar”.
Otro reto que enfrenta este esquema compartido es que los procesos de licitación y contratación son largos y complejos, con muchos estudios para que sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso de la Unión. “También hay fechas fatídicas para las empresas” que no siempre alcanzan a cumplir.
Salvador Aguilera, consultor externo de la firma PwC, explica que la infraestructura hospitalaria requiere de un alto grado de especialización desde el diseño hasta el equipamiento necesario para la operación.
Además, antes de su construcción deben ser considerados aspectos generales como su ubicación geográfica, las tasas de morbilidad y mortalidad, así como las condiciones geológicas y naturales, para diseñar un edificio resistente a fenómenos naturales.
