México, ni hacia atrás ni hacia adelante en índice de corrupción
Casos como el de OHL, la llamada Casa Blanca y Oceanografía, dejaron a México estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de acuerdo con el reporte publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
El índice asigna una puntuación y clasifica a los países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público.
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En la edición 2015, México obtuvo 35 puntos en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción) y se ubicó en el lugar 95 entre 168 países. El año pasado, el país registró igualmente 35 puntos y estuvo en la posición 103 de 175.
El avance de la posición 103 a la 95 se de be a que en la edición 2015 del índice fueron excluídos ocho países: Bahamas, Barbados, Dominica, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Samoa y Suazilandia.
El IPC agrega que a pesar de que en 2014 y 2015 se aprobaran en el país reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, los escándalos sobre relación favorecedora entre empresas privadas e instancias públicas, así como sucesos como Ayotzinapa y acusaciones contra ex gobernadores "hicieron imposible que dichos cambios institucionales tuvieran un efecto positivo en los resultados".
"Estudios de Transparencia Mexicana prueban que la corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia. El control de la corrupción debe ser parte de una estrategia para reducir la desigualdad en el país y propiciar el crecimiento económico", señala el reporte.
A nivel global, la nación con menos percepción de corrupción fue Dinamarca con 91 puntos. La nación del continente americano con una mejor posición fue Canadá, en el noveno lugar con 83 unidades, mientras que Uruguay fue el mejor posicionado de Latinoamérica en el lugar 21 con 73 puntos.
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México, el peor de la OCDE
Transparencia Mexicana realizó además una revisión de la posición de México con respecto a los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) y con las naciones del bloque de los 20 (G20).
El país se ubica en la posición 17 de 19 en el G20, sólo por delante de Argentina y Rusia. Entre las naciones de la OCDE, México ocupa la última posición (34).
Leyes de contratación pública, urgentes
De acuerdo con las organizaciones emisoras del reporte, México sólo podrá mejorar su calificación en este índice si se implementan las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, y muestran ser eficaces para seguir ampliando la información pública y reducir la impunidad en los delitos asociados con corrupción en el país.
Específicamente, recomiendan avanzar una agenda legislativa en anticorrupción que vaya más allá de las dos leyes generales que señala la reforma constitucional (Ley de Responsabilidades y Ley del Sistema Nacional Anticorrupción). Transparencia Mexicana ha identificado más de 15 leyes que impactan en el control efectivo de la corrupción.
Prestar especial atención a las leyes vinculadas con la contratación pública, como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, legislación que actualmente se discute en el Poder Legislativo.
E incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.
También destacan:
- Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.
- Aplicar con efectividad tanto la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado) como la Ley Federal de Extinción de Dominio para desmantelar redes de corrupción.
- La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar seguimiento puntual y prioritario a las recomendaciones entregadas por la ASF en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.
- El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en el sistema anticorrupción, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder del Estado.
