Su respuesta se dio ante la demanda de los niños, quienes, asesorados por activistas, argumentaron que el centro turístico violenta sus derechos a un ambiente sano, atenta contra las especies de la zona y afecta la anidación de tortugas marinas.
En la queja, también se acusa a las autoridades por la omisión de inspeccionar, verificar y sancionar el cumplimiento de la normatividad para el manejo de agua, impacto ambiental, deterioro del ecosistema y afectación a las áreas naturales protegidas inmersas en la zona.
Se menciona que hubo inconstitucionalidad en la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez 2018-2030, ya que permite ampliar las densidades de la zona hotelera en Cancún. Esto provocó, alegaron los denunciantes, que se diera autorización para construir el Riu Riviera, que contaría con 530 habitaciones.
También cuestionaron la licencia otorgada por el gobierno municipal de Mara Lezama, y la expedición de autorización de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Federales. La instancia federal anteriormente realizó estudios y determinó que la construcción no afectaría al ambiente.
De igual manera, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) ha manifestado su oposición a la construcción del hotel Riu y del Grand Island, ya que juntos sumarían 3,600 nuevas habitaciones, lo que pondría en riesgo la capacidad de servicios.