Contratos pequeños de obra pública
Por su parte, la AMIC entregó una propuesta al poder ejecutivo desde hace aproximadamente un mes para que las empresas del sector de la construcción sean apoyadas por el gobierno federal al diferir los pagos tributarios tanto de seguridad social como de impuestos para que, con esos recursos, puedan mantener los gastos de su plantilla laboral.
A esa carta, AMIC recibió respuesta por parte de la secretaria de Bienestar y el secretario de Salud. La asociación sigue en espera de recibir instrucciones acerca de qué apoyos podría brindar al gobierno en esta contingencia.
En concreto, “ofrecemos el apoyo de 3,500 empresas de la construcción para robustecer la infraestructura en salud, educación y gobierno del país para hacer remodelaciones y adecuaciones”, asegura García de León.
Los albañiles tienen la desventaja de tener contratos eventuales. Ahorita no hay oportunidad de que migren a alguna obra. Por ello, la AMIC planea repartir 100,000 despensas a estos trabajadores a nivel nacional.
Pasando la emergencia sanitaria, la propuesta de la AMIC es que “se generen 200,000 pequeños contratos de obra pública (de entre 1 y 2 millones de pesos) para un número igual de mipymes de la construcción en todo el país, cuidando que sean bien distribuidos, para detonar la creación de 1 millón de empleos en un par de meses, sin contar los indirectos”, explica García de León.
Asimismo, estas empresas están disponibles para trabajar en el aeropuerto de Santa Lucía, las sucursales del Banco del Bienestar, que hoy están asignadas a las fuerzas armadas para su ejecución. Como constructores, podríamos realizar las obras y que el ejército atienda asuntos de seguridad.
“Seguramente la infraestructura se va a modificar, las prioridades serán otras. Quizás se anteponga una obra de salud a una pavimentación. Nuestros afiliados están preparados para reconvertirse a esas necesidades y listos para cuando las actividades se reactiven”, insiste.
Certificación y homologación de tabuladores
En opinión de Arias, los más afectados son los trabajadores dedicados a la obra civil. El problema que tenemos en México es que la industria de la construcción es informal, es decir, albañiles, herreros, carpinteros, incluso algunos tipos de electricistas y soldadores, no tienen un título técnico o registro que en otros países se otorga.
Ante ello, la propuesta del dirigente del sindicato es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorguen una certificación a los trabajadores que tengan varios años cotizando bajo una misma categoría.
Arias urge a implementar un programa de reconocimiento de saberes aplicado a la construcción. “Muchos de los trabajadores son excelentes en lo que hacen y se están actualizando constantemente. Los empleadores están dispuestos a brindar entrenamiento in situ al personal nuevo, así que es una oportunidad para profesionalizar más al sector e incrementar el nivel de empleabilidad tanto en el país como en el extranjero.”
Asimismo, es necesario homologar los tabuladores con base en los catálogos internacionales de trabajo, indica el líder sindical.
Para finalizar, Arias destaca que “el gobierno federal debe cambiar su óptica para enfocarse en desarrollar proyectos viales, menos ‘faraónicos’ y más prácticos, al menor costo posible y que impulse el trabajo en empresas nacionales”.
