La estrategia es un “candado” para que en el futuro el proyecto no se privatice, explicó el funcionario. Además de ser considerado una obra de seguridad nacional, ya que en el sureste hay zonas de conflicto con el narcotráfico, comentó.
“Está perfecto que sea un premio a las fuerzas armadas. Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado. Qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice”, dijo Jiménez Pons al medio de comunicación.
Sin embargo, la rentabilidad del proyecto aún no está definida. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las ganancias pueden verse perjudicadas debido a problemas sociales del entorno que deriven en su modificación.
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En el pasado, se tuvo que cambiar la ruta del Tramo 4 que causó que la rentabilidad del proyecto y su valor cayeran 8%.
La Sedena también participa en la construcción de la obra. La mitad del Tramo 5 y los 6 y 7, son edificados por los militares.
