También, se precisó que los amparos tienen efecto sólo con obra nueva, que representa 10% del proyecto; el resto se realiza en construcción existente.
“Hasta ahora, el Juzgado ha desconocido el cumplimiento a la ley ambiental del Tren Maya, en especial la obtención de una autorización en materia de impacto ambiental, por lo que, estaremos en espera de que este juicio llegue a instancias más imparciales y con mayor conocimiento en el derecho ambiental”, comunicó Fonatur.
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La respuesta se da a que el pasado 22 de febrero, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión definitiva del Tren Maya por la omisión de ciertos anexos que se citaban en la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Tren Maya Fase 1, pero que no estaban integrados en el expediente.
Anteriormente, el 21 de enero, el mismo juzgado concedió una suspensión provisional donde se prohibió la ejecución de obras nuevas del proyecto en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, en Yucatán.
