En 2010, el gasto público en inversión fue 5.1% como proporción del PIB, cifra que en 2020 bajó a 3.1 % del PIB, la más baja en la última década, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En un intento por mover al gigante, el Gobierno federal y la iniciativa privada anunciaron dos paquetes de proyectos el año pasado. En total se contemplaron 68 obras por un total de 525,000 millones de pesos, equivalentes al 2.3% del PIB.
No obstante, en su momento especialistas coincidieron en que no era suficiente e incluso se necesitaba una inversión mucho más agresiva.
Adolfo X. Zagal Olivares, socio de GEA Infraestructura, considera que sí es importante que el sector privado ponga sus cartas sobre la mesa, pero el gobierno está obligado a duplicar su apuesta, pues en la medida en que lo haga la economía saldrá adelante más rápido.
Con los dos paquetes se estimó la generación de 400,000 empleos directos e indirectos, pero si el porcentaje de inversión fuera mayor, la generación de puestos de trabajo podría llegar hasta un millón.
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“La infraestructura es un motor muy importante para impulsar el crecimiento del país y para el desarrollo porque genera empleos y esto a su vez permite que las personas mejoren su calidad de vida y el consumo interno se reactive, es todo una cadena de valor”, precisa Zagal Olivares.
La experiencia muestra que los países desarrollados y las economías emergentes más exitosas son aquellas donde la infraestructura se convirtió en el mecanismo para superar crisis coyunturales y rezagos estructurales.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una visión enfocada en favorecer el desarrollo del sur-sureste del país, aunque datos del Inegi muestran que en Oaxaca hay aproximadamente 30,700 kilómetros de carreteras de los cuales solo 7,200 están pavimentados, mientras que 21,000 son de terracería.
La misma situación se repite en Chiapas, donde se cuenta con 22,900 kilómetros de carreteras, pero 14,700 no están pavimentados.