En la nueva reforma al artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, que entró en marcha el 7 de agosto, se establecen sólo dos tipos de suelo: urbano y de conservación. Esto significa que se elimina el rural, con el objetivo de evitar que se extienda aún más la marcha urbana de la capital y para mejorar el presupuesto del cuidado de las zonas no urbanizadas.
La reforma a la Constitución de la CDMX busca que no se expanda la mancha urbana
Para contar con una mejor planeación urbana, el gobierno ha clasificado el uso del suelo en dos tipos que muestran en dónde sí y en donde no se puede construir.
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En 2016, el suelo de conservación contemplaba 87,916 hectáreas de la CDMX, es decir, 59% de su territorio, de las cuáles, en el año 2000 2.1% eran ocupadas por asentamientos humanos irregulares, en 2010 ya era de 3.17% y en 2016 creció a 3.41%, lo que demuestra la tendencia en aumento, principalmente por la combinación con las zonas rurales, de acuerdo a datos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
“Al tener dos opciones, que es Suelo Urbano o Suelo de Conservación, se pone todo en términos de blanco y negro, es decir suelo que se puede desarrollar y suelo que no se puede desarrollar”, explica Claudio Nieto, urbanista de La Salle.
Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), agrega que en las zonas de reconversión hay una restricción para que no se puedan llevar a cabo tanto actividades involucradas con la construcción y el comercio, las que ahora adoptarán los lugares que estaban catalogados como rurales, “cuando se considera el suelo de uso rural se puede pensar que el uso sería para ganadería o para la agricultura, sin embargo, se puede utilizar para construcciones que no han sido autorizadas, dice.
Nieto explica que estas acciones muestran que ya existe un marco regulatorio y un marco normativo actualizado donde se entabla qué se puede hacer dentro de cada tipo de suelo y respetar los de conservación para proteger las zonas verdes y bosques que benefician a los habitantes.
Sin embargo, a pesar de que ya existe la clasificación se llevará tiempo en aplicarla, ya que de acuerdo con el experto los documentos tardan en desarrollarse, “deben tener un estudio previo de diagnóstico que posteriormente se traduce a pronósticos de hacia dónde va crecimiento de la población, el impacto económico y eso se va implementado en esas unificaciones que finalmente se traduce en el tipo de uso de suelo”, puntualiza Nieto.
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