El Gobierno de la Ciudad de México derogó el Artículo 291 Bis del Código Fiscal, eliminando los incentivos fiscales que facilitaban el mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes por parte de la iniciativa privada el 27 de diciembre de 2024.
Esta decisión ha generado preocupación entre urbanistas y especialistas ambientales, quienes advierten sobre su impacto en la infraestructura ecológica y la equidad del espacio urbano.
De acuerdo a Fernanda Rionda, paisajista naturalista y miembro de la Asociación de Paisajistas, desde su implementación en 2018, este artículo permitió conservar más de 170 hectáreas de espacios verdes y fomentar infraestructura ambiental.
"A través de este programa se lograron importantes avances como la instalación de vegetación sostenible, sistemas de infiltración de agua pluvial y la rehabilitación de espacios públicos, además de la generación de más de 3,000 empleos directos en sectores como jardinería, paisajismo y gestión ambiental”, dijo.
Sin embargo, la eliminación de estos incentivos podría provocar un deterioro acelerado de los espacios verdes. “Es una inversión considerable que ya se hizo, que realizó la iniciativa privada en áreas públicas. ¿Qué va a pasar ahora?”, cuestionó Rionda.
La eliminación del Artículo 291 Bis no solo afecta el mantenimiento de las áreas verdes, sino que ha tenido un impacto económico significativo, incluyendo la pérdida de empleos y el aumento de la carga financiera para el gobierno.
Claudio Nieto, especialista en urbanismo, señaló que el retiro del incentivo fiscal impone una nueva responsabilidad al gobierno de la Ciudad de México, que ahora debe gestionar de manera exclusiva el mantenimiento de estos espacios.
"Si la intención es devolver al Estado el control del espacio público, tiene sentido en términos ideológicos. Sin embargo, la situación económica actual es distinta y podría derivar en un deterioro progresivo si no se asignan los recursos adecuados", dijo.
Fernanda Rionda advirtió también la falta de financiamiento y planificación podría llevar a un abandono progresivo de estos espacios, lo que no solo impactaría el paisaje urbano, sino que también reduciría la calidad de vida de los habitantes.
"Las áreas verdes no son solo un elemento estético, son infraestructura esencial para la salud pública, el equilibrio ecológico y la mitigación del calor urbano".
Además, la ausencia de incentivos podría desincentivar la participación del sector privado en la rehabilitación de espacios públicos, lo que históricamente ha representado una estrategia efectiva en diversas ciudades del mundo.
Claudio Nieto explicó que la colaboración entre sectores ha sido clave en la conservación de áreas urbanas en otras metrópolis y que suprimir ese esquema sin una alternativa viable podría limitar la capacidad de respuesta ante el deterioro.
El mantenimiento de estas zonas requiere recursos significativos para poda, retiro de residuos y restauración de infraestructura. En un contexto de recortes presupuestales, la capacidad de gestión gubernamental podría verse comprometida, generando impactos a mediano y largo plazo en el estado de los espacios públicos y en el acceso equitativo a ellos.
Hasta la fecha, el Gobierno de la Ciudad de México no ha presentado una estrategia alternativa que reemplace los incentivos eliminados. “Derogaron el artículo, pero no han ofrecido una solución clara. Nos deja en el limbo sobre el destino de estas áreas públicas”, expresó Fernanda Rionda.
Mientras tanto, la especialista sugiere modelos exitosos de otras ciudades que podrían adaptarse a la capital mexicana como alternativa. Rionda mencionó el caso de Medellín, Colombia, donde se han implementado esquemas de colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para garantizar la sostenibilidad de estos espacios.
“Es crucial plantear soluciones. Las áreas verdes requieren mantenimiento continuo. No podemos permitir que queden desatendidas”, concluyó Rionda.
Uno de los retos críticos en la Ciudad de México es la distribución inequitativa de áreas verdes. Según el Inventario de Áreas Verdes de la Secretaría del Medio Ambiente, cada habitante cuenta con un promedio de 7.5 metros cuadrados de estos espacios.
Sin embargo, esta cifra incluye superficies no aptas para el esparcimiento, como barrancas y vialidades.
El 50% de los espacios recreativos utilizables se concentran en las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Coyoacán, mientras que demarcaciones densamente pobladas como Iztapalapa, Cuajimalpa y Tláhuac tienen acceso limitado a estos recursos.
La derogación del artículo podría agravar estas desigualdades, ya que la falta de incentivos desincentiva el mantenimiento y creación de nuevas áreas verdes en zonas de menor cobertura. “Las áreas verdes no son un lujo, sino un derecho de todos los habitantes de la ciudad”, enfatizó Rionda.
Hasta el cierre de esta publicación, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México ni la Secretaría de Finanzas dieron datos sobre los incentivos a los que se refiere el artículo derogado.
