La infraestructura deficiente afecta esperanza de vida en la Ciudad de México

Estas brechas, que alcanzan hasta 9.63 años para hombres y 7.37 años para mujeres, no son solo un reflejo de condiciones individuales de salud, sino también de desigualdades estructurales que afectan la vida diaria.

De acuerdo con el IPDP, factores como el acceso desigual a servicios de salud, transporte, espacios públicos y equipamiento urbano tienen un impacto directo en estas cifras.

Infraestructura como determinante clave

Federico Taboada, director del IPDP y experto en urbanismo, señala que elementos como los espacios públicos y el transporte estructurado son fundamentales para mejorar la calidad de vida.

“Las zonas con mejor cobertura de servicios públicos y acceso a espacios públicos suelen tener mayor esperanza de vida”, dijo. En Benito Juárez, por ejemplo, la alta concentración de clínicas, hospitales y espacios recreativos contrasta con Venustiano Carranza, donde estos recursos son escasos o de menor calidad.

La movilidad también juega un papel determinante. El transporte público eficiente permite a las personas acceder a oportunidades laborales, culturales y educativas sin sacrificar su tiempo o dinero, de acuerdo al especialista.

Sin embargo, la falta de infraestructura en zonas periféricas genera trayectos largos, costosos y, a menudo, inseguros, lo que afecta no solo la productividad, sino también la salud y bienestar de los habitantes.

Taboada también destacó la importancia de los equipamientos culturales. “El 70% de la oferta cultural de la ciudad está concentrada en solo dos alcaldías. Esto obliga a los habitantes de zonas periféricas a realizar viajes largos y costosos, lo que limita su acceso a actividades culturales esenciales”, comentó.

Además, agregó que la carencia de infraestructura recreativa, como parques y espacios deportivos, contribuye a problemas de salud física y mental.

Otro aspecto crucial, según Taboada, es la disponibilidad y ubicación de los centros educativos y de salud. “Cuando las escuelas y hospitales están lejos de los hogares, los costos no solo son monetarios, también implican tiempo y calidad de vida perdidos”.

En este sentido, subrayó la importancia de garantizar que los derechos establecidos en la Constitución, como la salud y la educación, se traduzcan en servicios accesibles en el territorio.

“Un ejemplo claro es la diferencia en el acceso a clínicas y hospitales entre Benito Juárez y Venustiano Carranza. Mientras la primera cuenta con diversas opciones tanto públicas como privadas, la segunda carece de una cobertura adecuada, lo que impacta directamente en las estadísticas de salud y esperanza de vida”, explicó.

El diseño de la ciudad también influye en la calidad de vida. Las ciudades deben ser planeadas para que las personas puedan caminar o andar en bicicleta con seguridad, accediendo a sus necesidades diarias sin depender exclusivamente de un vehículo motorizado. Esto no solo mejora la salud física, también reduce la contaminación y los costos asociados al transporte.

Disparidades marcadas en la distribución de recursos

En la Ciudad de México, cerca del 80% de los empleos formales están localizados en cuatro puntos estratégicos, según información del IPDP. Esto obliga a miles de personas a recorrer largas distancias diariamente, exacerbando las desigualdades.

Estas condiciones también afectan el acceso a derechos fundamentales. “El derecho a la salud, garantizado por la Constitución, pierde significado si una clínica o un hospital están a dos horas de distancia”, subrayó Taboada.

Esta situación también se replica en otros servicios esenciales como agua, vivienda y educación, destacando la necesidad de una planeación urbana equitativa.

Además, el titular de la IPDP agregó que la distribución desigual de servicios afecta la productividad y el bienestar de los ciudadanos.

Las soluciones a estas problemáticas requieren una visión integral y de largo plazo. El IPDP está trabajando en un plan general de desarrollo para la ciudad que busca integrar diagnósticos sectoriales en áreas como salud, movilidad y vivienda. “Una ciudad equitativa debe garantizar acceso a servicios de calidad para todos los habitantes, independientemente de su ubicación”, afirmó Taboada.

Acciones urgentes

La primera acción para abordar estas disparidades es mejorar la distribución de servicios públicos y transporte estructurado en zonas periféricas. Esto incluye sustituir microbuses antiguos por opciones más eficientes y sostenibles, así como fomentar el desarrollo de polos económicos descentralizados.

En segundo lugar, es crucial impulsar una política de vivienda que permita a las personas de bajos ingresos residir en áreas centrales. “Una ciudad bien planeada beneficia a todos. A nadie le conviene que los trabajadores hagan dos horas de camino a su trabajo o que los estudiantes viajen tres horas a sus escuelas”, afirmó el titular del IPDP.

Finalmente, es necesario sensibilizar a la población sobre los beneficios de una planeación urbana equitativa. “El reto más importante es convencer a la gente de que una ciudad más justa, sustentable y equilibrada es viable y necesaria”, concluyó.