No saber diferenciar el daño de pérdida es la clave para prevenir los costos después de un fenómeno natural.(123ducu/Getty Images/iStockphoto)
Redacción Obras
En México, cada sismo relevante deja una factura que no se liquida cuando termina la emergencia. El impacto se extiende durante años en edificios que no vuelven a operar, en actividades económicas que se interrumpen y en procesos de reconstrucción que avanzan de forma desigual. El daño visible es solo una parte del costo real del desastre.
La ausencia de una estrategia de prevención convierte esos efectos en costos acumulados que el país enfrenta después, cuando el margen de acción es menor y el gasto público se activa de manera reactiva, de acuerdo con Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, y Julio César Fuentes, consultor en Economía Urbana en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Publicidad
Daño y pérdida: dos costos distintos
Uno de los primeros problemas para dimensionar el impacto económico de los desastres es la confusión entre daño y pérdida, dos conceptos que suelen usarse como sinónimos, pero que tienen implicaciones financieras distintas.
“El daño son las afectaciones en términos monetarios de los acervos impactados durante un siniestro, calculadas con base en su valor de reposición”, explicó la doctora Naxhelli Ruiz. Esa cuantificación puede realizarse poco después del evento, una vez evaluada la magnitud física del impacto.
La pérdida, en cambio, se construye con el tiempo. Incluye los bienes y servicios que dejan de producirse mientras la infraestructura no se repone: horas laborales perdidas, cierre de actividades productivas, afectaciones al turismo, gastos adicionales en salud física y mental y procesos de desplazamiento humano asociados al desastre.
“La pérdida depende de la respuesta social y política ante el desastre y se asocia a procesos de recuperación y reconstrucción que van más allá de lo material”, señaló Ruiz Rivera.
A diferencia del daño, pocos países cuentan con una contabilidad de pérdidas a mediano y largo plazo, lo que dificulta dimensionar el impacto real de un sismo sobre la economía.
Publicidad
Reconstruir después cuesta más
Esa diferencia se refleja directamente en el uso de recursos públicos. Cuando la atención se concentra en la emergencia y la reconstrucción, el gasto se dirige a reponer lo perdido, no a evitar que el costo se repita.
Desde la perspectiva financiera, muchos de los instrumentos que se activan tras un desastre están diseñados para atender el daño inmediato, no para reducir las pérdidas futuras.
Los seguros, por ejemplo, cubren infraestructura dañada, pero no la interrupción prolongada de actividades económicas ni los efectos sociales que se acumulan durante años.
“Los seguros cubren daños, pero no cubren pérdidas”, apuntó Ruiz Rivera. Esa brecha obliga a recurrir a gasto público, endeudamiento o reasignaciones presupuestales una vez ocurrido el evento.
Los costos de reconstrucción de daños tras sismos en México van más allá de edificar los inmuebles derrumbados.(Agustin Giron Rivas/Getty Images)
Los instrumentos con los que cuenta México
México dispone de una combinación de instrumentos federales y locales para enfrentar los efectos financieros de los desastres naturales.
Estos mecanismos incluyen esquemas de transferencia de riesgo, programas de reconstrucción y herramientas de financiamiento urbano. Sin embargo, su alcance resulta limitado frente al costo real de la reconstrucción y, en algunos casos, presenta restricciones operativas que reducen su efectividad.
En el ámbito federal, el país cuenta con estrategias de transferencia de riesgos catastróficos. Entre ellas se encuentra un seguro ante catástrofes con una cobertura aproximada de 5,400 millones de pesos.
Esta cifra se utiliza como referencia frente a los costos estimados de reconstrucción tras eventos de gran magnitud.
En el caso de la Ciudad de México, esos costos se ubican en rangos de entre 18,000 y 22,000 millones de pesos, lo que muestra una brecha significativa entre la cobertura asegurada y las necesidades financieras posteriores a un sismo, de acuerdo con la especialista.
A estos seguros se suman los bonos catastróficos contratados por el país, con vigencia hasta 2028. Estos instrumentos contemplan coberturas diferenciadas según el tipo de evento.
Para terremotos de alta frecuencia, la cobertura alcanza hasta 70 millones de dólares, mientras que para los de baja frecuencia puede llegar hasta 225 millones de dólares.
No obstante, el acceso a estos recursos depende de criterios técnicos específicos, como la magnitud registrada dentro de determinadas cuadrículas, lo que impide que se activen de manera automática o total.
En materia de ahorro y gasto público, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) operó durante años como el principal instrumento federal para atender contingencias y procesos de reconstrucción.
Su funcionamiento se basó en reglas de operación específicas y asignaciones presupuestales anuales. Auditorías oficiales documentaron retrasos en la ejecución de recursos y limitaciones para atender con rapidez la magnitud de los daños, lo que evidenció la dificultad de responder de manera inmediata y sostenida a desastres de gran escala.
Tras los sismos de 2017 y 2018, el gobierno federal implementó el Programa Nacional de Reconstrucción, orientado a la atención de vivienda, infraestructura educativa, salud y patrimonio cultural.
Este esquema vinculó el ejercicio del recurso público con el acompañamiento técnico obligatorio de ingenieros y arquitectos, con el objetivo de asegurar criterios estructurales en los procesos de reconstrucción.
En el ámbito privado, los seguros hipotecarios forman parte de los mecanismos más extendidos para enfrentar daños en vivienda.
Sin embargo, estos seguros suelen cubrir la deuda con la institución financiera y no necesariamente el valor total de reposición del inmueble, lo que deja una parte del costo fuera de la cobertura directa para los propietarios afectados.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el aseguramiento de vivienda en México alcanza 26.5% de todas las registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el caso de la Ciudad de México, solo 18.8% cuenta con algún seguro. En Guerrero la cifra cae a 11.9%.
A nivel local, los gobiernos cuentan con instrumentos de financiamiento urbano que, en teoría, pueden jugar un papel más relevante en la prevención y reconstrucción.
Publicidad
El impuesto predial es la principal fuente de ingresos tributarios municipales. No obstante, México recauda apenas el 0.11% de su producto interno bruto por este concepto, una proporción que lo sitúa en los últimos lugares entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que limita la capacidad financiera de los municipios para enfrentar desastres con recursos propios.
Otros instrumentos, como la contribución por mejoras, presente en casi todos los códigos fiscales municipales o la venta de derechos adicionales de edificabilidad, existen en el marco normativo, pero se utilizan de manera limitada, coinciden los especialistas.
En la Ciudad de México, la venta de derechos de edificabilidad permitió, en algunos casos, financiar la reconstrucción de edificios dañados mediante la autorización de mayores densidades y la comercialización de espacios adicionales.
México frente a otras experiencias
En otros países, la gestión del riesgo se apoya en instrumentos de financiamiento urbano con mayor uso y continuidad.
En ciudades de Colombia, como Bogotá, así como en Brasil, Argentina y Ecuador, se aplican mecanismos de captura de plusvalías, como la contribución por valorización o la venta de derechos de edificabilidad, para financiar infraestructura pública y procesos de reconstrucción.
Estos esquemas también se utilizan de forma extendida en diversas ciudades de Europa y Estados Unidos.
También se utiliza reajuste de suelo, un mecanismo común en Japón desde hace más de un siglo para la reconstrucción tras desastres.
Este instrumento permite reorganizar parcelas, redistribuir cargas y beneficios y financiar obras de infraestructura sin desplazar a la población. Experiencias similares se documentan o proponen en países como India, Perú y Chile.
En materia de prevención de riesgos hidrometeorológicos, los especialistas citaron el caso de Argentina, donde existen disposiciones que obligan a los desarrolladores a incorporar retardadores pluviales domiciliarios evitar la saturación del drenaje urbano.
Este tipo de medidas forma parte de una estrategia preventiva que reduce los costos asociados a inundaciones recurrentes.
Las diferencias también se reflejan en los modelos de reconstrucción. Tras el sismo de 2010 en Chile, el esquema predominante consistió en otorgar subsidios para la vivienda.
Sin embargo, en muchos casos, el monto no cubrió el costo de reconstrucción en la ubicación original, lo que derivó en el desplazamiento de población hacia zonas periféricas.
En contraste, los esquemas de redensificación aplicados en la Ciudad de México permitieron financiar la reconstrucción mediante la venta de departamentos adicionales, lo que hizo posible que las personas damnificadas permanecieran en su lugar de origen.
Los especialistas señalaron que algunos países avanzan en políticas masivas de reforzamiento estructural como parte de su estrategia preventiva.
Ciudades como Nueva Delhi, en India, y Beijing, en China, implementan programas a gran escala para mejorar la seguridad de sus edificaciones. En México, este tipo de acciones aún se desarrolla de manera aislada o caso por caso.
A nivel metodológico, persiste una limitación compartida: muy pocos países cuentan con una contabilidad sistemática de las pérdidas económicas a largo plazo, como la interrupción de negocios o las horas-persona perdidas.
En la mayoría de los casos, incluido México, la medición se concentra en los daños materiales inmediatos, dejando fuera una parte sustancial del costo real de los desastres.
Los costos de reconstrucción estimados para Ciudad de México han ubicado en rangos de entre 18,000 y 22,000 millones de pesos.(Agustin Giron Rivas/Getty Images)
El costo que permanece
El costo real de los desastres no se agota en la reconstrucción visible. Las pérdidas económicas, sociales y productivas se extienden en el tiempo y recaen en distintos actores, muchas veces sin una asignación clara de responsabilidades.
“En muy pocos países se tiene una contabilidad de las pérdidas a mediano y largo plazo”, advirtió Ruiz Rivera. Esa ausencia vuelve invisible una parte sustancial del impacto financiero de los sismos y limita la capacidad de diseñar políticas orientadas a la prevención.
