El proyecto de presupuesto para 2027 plantea una cartera de 560,172.6 millones de pesos para proyectos de inversión estratégica , con una prioridad en infraestructura ferroviaria, carretera, hidráulica y energética.
Los recursos están alineados con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. La mayor parte de la cartera se concentra en obras destinadas a ampliar la conectividad y la capacidad productiva del país.
La infraestructura ferroviaria es uno de los principales destinos de los recursos, con 150,875.6 millones de pesos para corredores de pasajeros y carga, así como material rodante.
Entre los proyectos con mayores asignaciones se encuentran el Tren Saltillo-Nuevo Laredo, con 41,985.8 millones de pesos, seguido por el Tren Querétaro-Saltillo, con 24,025.5 millones, y el Tren Querétaro-Irapuato , con 20,054.7 millones de pesos.
A estos proyectos se suman 25,000 millones de pesos para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 17,158.8 millones para la carga y terminación del Tren Maya y 14,629.5 millones destinados a material rodante.
La cartera también contempla recursos para poner en operación nuevos servicios ferroviarios. Para la conclusión e inicio de operaciones del Tren AIFA-Pachuca se plantean 1,339 millones de pesos, mientras que el Tren México-Querétaro recibiría 5,682.2 millones. También se consideran inversiones para las líneas de carga del Tren Maya.
El segundo bloque de inversión está relacionado con infraestructura hidráulica y de transporte terrestre.
El proyecto de presupuesto contempla 22,761.9 millones de pesos para obras hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destinados a proyectos de abastecimiento y otras obras relacionadas con el recurso.
Para carreteras y autopistas se plantean 24,121.2 millones de pesos. Dentro de esta cartera aparecen 7,700 millones de pesos para el corredor Toluca-Zihuatanejo y 3,598.8 millones para puentes e intercambiadores.
La distribución de los recursos muestra que, pese al proceso de consolidación fiscal previsto para 2027, el gobierno busca mantener la inversión física como uno de los componentes del gasto con mayor capacidad para impulsar la actividad económica.
Gerónimo Ugarte, economista en jefe de VALMEX Casa de Bolsa, considera que la lectura del presupuesto no debe centrarse en identificar ganadores y perdedores, sino en observar hacia dónde se está desplazando el gasto.
“Más que hablar de ganadores y perdedores absolutos, la lectura correcta es de una recomposición del gasto de infraestructura hacia proyectos con ejecución física directa y conectividad”, apunta.
Ugarte señala que los 560,200 millones de pesos en proyectos prioritarios de inversión constituyen la referencia más directa para medir la cartera estratégica de infraestructura del gobierno federal. En ella se incluyen recursos para Pemex, nuevos trenes, CFE, carreteras, infraestructura hidráulica, Defensa y Marina.
La prioridad por las obras de infraestructura ocurre en un año en el que el gobierno también plantea reducir el déficit y alcanzar un superávit primario.
De acuerdo con Ugarte, el dato relevante es que la inversión física aumentaría 3.5% en términos reales, mientras los proyectos prioritarios concentran alrededor de 560,000 millones de pesos.
“Lo más relevante es que la inversión física no se utiliza como mecanismo principal de ajuste fiscal en 2027”, señala.
Para el economista, el presupuesto tampoco representa un cambio de dirección en infraestructura, sino una profundización de una cartera de proyectos plurianuales que combina conectividad ferroviaria y carretera , seguridad energética, agua y logística.
“El punto central es que el PPEF 2027 no introduce un cambio de dirección en materia de infraestructura; más bien profundiza una cartera plurianual que combina conectividad ferroviaria y carretera, seguridad energética, agua y logística, con el objetivo de ampliar capacidad productiva y favorecer la integración regional”, dice.
La estrategia, añade, busca que la consolidación fiscal provenga en mayor medida de una mayor recaudación no petrolera, una administración más eficiente del gasto y una menor necesidad de apoyos financieros extraordinarios, en lugar de depender de recortes a la infraestructura.
El desafío estará en la ejecución. Para Ugarte, la capacidad del gobierno para convertir los recursos presupuestados en obras será una variable relevante para el desempeño de la economía durante 2027.
“Para nuestro escenario, eso hace de la ejecución de infraestructura una de las variables que podría determinar si el crecimiento de 2027 se aproxima más a nuestra previsión de 1.7% o a la parte alta del rango planteado por Hacienda”, concluye.
