El tema fue retomado el 12 de abril, cuando en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó acerca del caso del fraccionamiento La Pradera, en Querétaro, desarrollado por Casas Geo y el cual quedó inconcluso cuando la empresa se declaró en quiebra en 2008.
Ante la consulta, el presidente pidió al Infonavit que revisara el caso; “todas estas inmobiliarias y todo lo que tiene que ver con unidades habitacionales del Infonavit fue un rotundo fracaso durante el periodo neoliberal”, dijo.
A lo que Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, dijo en entrevista con El Financiero que del total de viviendas que no están ocupadas, alrededor de 80,000 se encuentran en la misma situación; es decir, que tuvieron problemas o quedaron inconclusas luego de que vivienderas, como Homex y Urbi se declararon en bancarrota.
Por lo que aseguró que pondrá atención en el caso particular de la entidad, mientras continúan con su estrategia que está enfocada, principalmente, en el sureste de México y en las zonas aledañas a las megaobras del gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía.
“En gran parte de la recuperación de viviendas abandonadas son viviendas que están en proceso legal. Desafortunadamente, aquí el gran problema al que nos estamos enfrentando no es la recuperación física, si no la jurídica”, dijo Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu en entrevista con Obras en marzo de 2021.
“Anteriormente se hacían estos procesos de agrupaciones de viviendas que se les quitaban a las propias familias, se notificaba que habían perdido la vivienda cuando ya estaban en otro estado de la República, y no se enteraban. Era un proceso de fraude masivo”, agregó
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El secretario explicó que actualmente se hace la recuperación de esta cartera de propiedades a nombre de Infonavit, porque son juicios que están en proceso y que se pueden recuperar a nivel legal, técnico y urbano, y que representan alrededor de las 100,000 unidades.
También se planea reestructurar las comunidades y trabajar con los gobiernos municipales para establecer directrices de desarrollo urbanístico para blindar el crecimiento de las ciudades en zonas que carecen de servicios.