En 2022 en la Ciudad de México se destapó una serie de estafas del sector inmobiliario en la que estaban involucrados desde funcionarios públicos hasta desarrolladores, a través de los cuales se construían pisos extra y se saltaban trámites necesarios para la construcción, a cambio de beneficios económicos para los participantes.
AMPI respalda medidas de la CDMX para eliminar la corrupción inmobiliaria
El organismo se pronuncia a favor de promover la transparencia del sector inmobiliario, en relación con la iniciativa del gobierno para reformar el Código Penal contra la corrupción en la industria.
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El fenómeno, que ha sido perseguido por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene repercusiones hasta este 2024, año en el que el gobierno de la capital del país envió una propuesta al Congreso local para reformar el Código Pena l para castigar la corrupción inmobiliaria con 10 a 20 años de cárcel contra el servidor público involucrado –y familiares, empresarios, socios–-, independientemente de otras sanciones que correspondan a las conductas penales.
Para la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), uno de los organismos más importantes del país por la cantidad de profesionales del sector afiliados —más de 6,000— está de acuerdo con esta nueva propuesta para penalizar los crímenes en la industria.
El nuevo presidente del organismo, Emilio Rojas Cobián, dijo en entrevista a Obras que durante los 68 años de existencia de la organización, han tenido el objetivo de subir el estándar de servicio y profesionalizarlo, siempre de la mano de las autoridades federales, estatales y municipales, por lo que en esta ocasión no será la excepción.
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“La AMPI siempre va a apoyar la legalidad, formalidad y profesionalización (...) siempre vamos a buscar la certeza jurídica, la transparencia de recursos con los que se adquiere un inmueble, todo lo que tenga que ver con normativas”, comentó.
El titular de la AMPI, cuyo periodo comenzó este enero de 2024, agregó que México requiere de organismos que estén dentro de un marco responsable no solamente en lo legal, sino en lo financiero, por lo que apoyan esta especie de iniciativas para que se haga lo correcto.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) también fue buscada para conocer su posicionamiento, pero no dio respuesta hasta el cierre de esta publicación.
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