Al mismo tiempo, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que nació en 2019 como una de las banderas de política urbana, desaparece por primera vez de los tomos presupuestales.
Vivienda, el eje del presupuesto
Para 2026, el Programa de Vivienda Social contará con 32,280 millones de pesos, una cifra similar a la de 2025, cuando alcanzó 32,000 millones. Se trata del mayor monto registrado en la historia reciente de la Sedatu.
El plan establece 150,000 acciones de vivienda para el año: 50,000 nuevas casas y 100,000 intervenciones de mejoramiento o ampliación. “Se tiene programado llevar a cabo 150,000 acciones de vivienda: 50,000 viviendas nuevas y 100,000 acciones de mejoramiento y/o ampliación de vivienda”, indica la estrategia programática.
El plan contempla 1,800,000 unidades, que serán construidas entre el Infonavit, la Conavi y el Fovissste para finales del sexenio.
El documento también vincula este esfuerzo con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que ubica a la vivienda como el centro de la planeación territorial. En su objetivo 2.9, se propone “garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial”.
El ocaso del Programa de Mejoramiento Urbano
El otro lado de la moneda es la desaparición del PMU. Este programa se creó en 2019 con 8,000 millones de pesos y buscaba transformar colonias marginadas con espacios públicos, servicios básicos e infraestructura. Durante varios años fue uno de los proyectos más visibles de la política urbana federal.
En 2024, el gobierno federal reconoció al programa como exitoso tras recibir 223 premios de arquitectura nacionales e internacionales.
El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), encargado de su operación, lo definía como un mecanismo para que las familias en zonas urbanas de rezago social mejoraran sus condiciones de habitabilidad. “El objetivo del programa es contribuir a que las personas que habitan en AGEB urbanas de medio, alto o muy alto grado de rezago social o marginación mejoren sus condiciones de habitabilidad”, señala la ficha oficial.
Sin embargo, el presupuesto asignado al PMU se redujo con el tiempo: 4,056 millones en 2020, un repunte a 8,360 millones en 2021, 4,180 millones en 2022, 6,647 millones en 2023, 4,445 millones en 2024 y 2,500 millones en 2025. En 2026 ya no figura en los programas presupuestales de la Sedatu.
Ocho años de contrastes
La trayectoria entre ambos programas muestra un viraje en las prioridades. Hasta 2021, el PMU llegó a manejar recursos que duplicaban a los de vivienda. Pero a partir de 2022 las cifras cambiaron de dirección: el gasto en vivienda se disparó hasta 32,000 millones de pesos en 2025, mientras que el PMU transitó hacia su extinción.
Lo que en el sexenio pasado se dirigía a la mejora de espacios urbanos ahora se concentra en vivienda nueva y ampliaciones.
El cambio no solo es financiero, sino programático: el presupuesto 2026 señala que el esfuerzo se enfoca en ordenamiento territorial, regularización de la propiedad rural y vivienda como ejes principales de la política federal.
Lo que viene
La ausencia del PMU en el nuevo presupuesto significa que las intervenciones urbanas en colonias con rezago social ya no cuentan con un instrumento de financiamiento federal específico.
En su lugar, la Sedatu plantea que la Política Nacional de Vivienda se coordine con los organismos nacionales y con gobiernos locales para ejecutar las metas de construcción y mejoramiento de hogares.
Con ello, la vivienda no solo concentra la mayor parte de los recursos, sino que se convierte en la puerta de entrada para articular la política urbana y territorial del gobierno federal en el siguiente sexenio.