La reforma a la Ley de Amparo, actualmente en discusión, podría poner en riesgo la seguridad jurídica de miles de proyectos de inversión en curso y futuros, de acuerdo con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que agrupa a las principales empresas del sector en México.
El organismo pidió al Poder Legislativo preservar el principio de no retroactividad de la ley y garantizar un equilibrio entre el interés público y la protección de los derechos de los particulares.
El principal motivo de preocupación para la ADI es que la reforma propone limitar las suspensiones otorgadas por jueces, restringir el alcance de sus resoluciones y establecer disposiciones con efectos retroactivos.
Este último punto podría afectar directamente a los desarrolladores que hoy mantienen juicios de amparo activos, vulnerando el principio constitucional de no retroactividad, explica el organismo
“Esto puede afectar a desarrolladores o inversionistas que tienen actualmente juicios de amparo en curso y vulnerar el principio de constitucionalidad de la Constitución”, explicó Jaime Fasja, presidente de la ADI, en entrevista.
La suspensión en el amparo permite a las empresas continuar la construcción de un proyecto mientras se resuelve un litigio relacionado con permisos o clausuras.
Su eliminación, señaló Fasja, dejaría a los desarrolladores sin defensa frente a actos discrecionales de autoridades locales en temas como uso de suelo, densidades o normativas ambientales.
El presidente de la ADI explicó que frenar una obra tiene consecuencias que van más allá del desarrollo afectado. “Lo primero y el costo más alto es el empleo”, dijo. “Cuando una obra se frena, hay cientos o miles de trabajadores que se quedan sin trabajo”.
La industria, agregó, subcontrata empresas de diferentes especialidades y, si las obras se detienen, los efectos se trasladan en cadena: los contratistas dejan de pagar salarios, los créditos se complican y los proyectos pueden volverse financieramente inviables.
La incertidumbre jurídica también repercute en los esquemas de financiamiento. Los proyectos inmobiliarios suelen respaldarse con fondos institucionales, nacionales o extranjeros, y con recursos de inversionistas individuales o de Afores.
Si la reforma se aprueba en los términos actuales, el riesgo percibido podría provocar que algunos capitales se retiren o que los bancos limiten el crédito disponible para construcción.
“Cuando tenemos créditos para financiar la construcción y de repente no podemos seguir avanzando, nos ponemos en una situación en donde no tenemos flujo para estar al corriente con el banco”, indicó Fasja. “Hay muchos desarrolladores que no tienen la capacidad económica para litigar, lo que afecta la competitividad del sector”.
La ADI subrayó que el sector inmobiliario es particularmente sensible a los cambios regulatorios y que una aplicación inmediata de normas aún cuestionadas podría generar sobrecostos, retrasos y renegociaciones contractuales, lo que finalmente impactaría al consumidor.
Por ello, pidió que el proceso legislativo preserve el equilibrio entre el interés público y la certeza jurídica de los inversionistas.
El sector inmobiliario requiere de reglas claras y estables para continuar siendo motor del desarrollo económico, la generación de empleo y la creación de vivienda digna en México.
La asociación reiteró su disposición a participar en mesas de trabajo con los poderes de la Unión y con la sociedad civil para construir soluciones que fortalezcan el Estado de derecho y mantengan la confianza de los inversionistas.
De acuerdo con datos de la propia ADI, el sector inmobiliario representa el 65% de la inversión nacional en este rubro, aporta el 16% al PIB y genera alrededor de 355,000 empleos anuales en más de 25 millones de metros cuadrados en construcción.
La Ciudad de México concentra 109 proyectos con una inversión estimada en 3,000 millones de dólares, seguida por el Estado de México y Quintana Roo. En total, la aportación del sector en recaudación fiscal asciende a 321,000 millones de pesos por impuestos federales, estatales y municipales.
Para los desarrolladores, mantener la estabilidad jurídica es indispensable para sostener esos niveles de inversión. “Lo que queremos es protegernos para que no haya una potencial arbitrariedad que pueda afectar el patrimonio de nuestros inversionistas”, dijo Fasja.
La discusión legislativa continúa, mientras la industria insiste en que cualquier reforma al marco legal debe garantizar condiciones de certeza que permitan mantener la inversión, el empleo y la competitividad del sector inmobiliario mexicano.
