La discusión sobre la gentrificación en la Ciudad de México camina hacia el terreno constitucional. El gobierno de la Clara Brugada plantea incorporar en la Constitución local una política contra este fenómeno y, al mismo tiempo, reconocer el derecho al arraigo vecinal como parte de una estrategia para frenar el desplazamiento de habitantes.
La propuesta forma parte de una reforma que, además, busca sentar las bases de una futura ley de rentas.
“El derecho al arraigo vecinal y comunitario, al vínculo social, cultural, económico y territorial, a la permanencia en esos barrios donde las personas han desarrollado su vida, donde han nacido y crecido. Tiene que ver con el derecho de las personas a no ser expulsadas de los barrios donde han desarrollado su vida”, explicó Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad de México.
El secretario de Vivienda explica que la acción se enfoca en evitar un problema que ha afectado a la Ciudad de México en los últimos años: la gentrificación, el fenómeno en el que residentes son desplazados de sus hogares debido a la llegada de personas con mayor poder adquisitivo y que a su vez encarecen la vida y la hacen insostenible para vecinos originales.
Cuando un conjunto de departamentos en la Roma Sur, donde creció una comunidad, donde una familia se forjó pagando una renta razonable, cambia de propietario y lo que hace es expulsar a las familias para cobrarles ya no 6,000 u 8,000 pesos, sino 30,000 o poner todos los departamentos en Airbnb, eso para mí, no es algo que le venga bien a la Ciudad de México. Se destruye el tejido barrial.
Por ello, el eje de la nueva política, es atacar al problema con políticas que ayuden a “habitar la ciudad”, a través del acceso a la vivienda, para que el encarecimiento del suelo y las rentas no obligue a las familias a mudarse a zonas más alejadas.
Además de otras estrategias como plantear orden en los comercios para tener una mezcla de oferta más equilibrada.
Por ejemplo, para evitar que el comercio tradicional sea desplazado o arrasado por las dinámicas gentrificadoras. Hay gente a la que le parece una buena economía, donde había lavanderías, tortillerías, mercerías o tlapalerías. Ahora hay tiendas con artículos de lujo, o en vez de una fonda, un café que vende matcha a 80 pesos el vaso. Nada de eso es bueno cuando se mira dogmáticamente o en blanco y negro.
En términos prácticos, el derecho al arraigo apunta a intervenir en dinámicas donde el cambio de propietarios o el aumento de rentas desplaza a comunidades completas. Muñoz ejemplificó que cuando viviendas que antes se rentaban en niveles accesibles pasan a precios mucho más altos, se rompe el tejido barrial.
El planteamiento incluye también una política explícita contra la gentrificación. “El gobierno implementará una política pública contra la gentrificación y a favor del arraigo vecinal y comunitario”, establece la propuesta constitucional.
Para organizaciones enfocadas en el derecho a la vivienda, el arraigo se conecta con una discusión más amplia, quién puede habitar la ciudad y en qué condiciones.
Silvia Emanuelli, coordinadora de México para la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC-LAC), señaló que el derecho al arraigo busca enfrentar las expulsiones derivadas del aumento de precios.
Desde su perspectiva, la propuesta no plantea eliminar el mercado, sino combinarlo con la permanencia de los habitantes. “Se está intentando buscar un equilibrio, que no nos lleve a los extremos”, indicó.
Emanuelli vinculó el arraigo con el derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada, ambos reconocidos en la Constitución.
En ese marco, consideró que el planteamiento responde a una crisis de acceso que se volvió más visible desde la pandemia, cuando más personas enfrentaron dificultades para mantenerse en la capital.
Desde la perspectiva urbana, el fenómeno responde a una combinación de factores. Claudio Nieto, especialista en urbanismo, señaló que la gentrificación se intensificó en las últimas dos décadas y afecta el acceso a la vivienda para sectores con menos ingresos.
“Es un fenómeno que ha adquirido mucha fuerza y esto va impidiendo el acceso a la vivienda digna”, dijo.
El especialista añadió que el proceso no responde únicamente a necesidades de vivienda, sino también a dinámicas de inversión y especulación. En ese sentido, consideró que las medidas propuestas pueden funcionar como contrapeso en el mercado inmobiliario.
Nieto apuntó que el impacto principal de estas políticas no estaría en la construcción de vivienda, sino en su comercialización. Es decir, en cómo se rentan y venden las unidades, que es donde se genera la presión sobre los precios.
La estrategia no se limita al reconocimiento del derecho al arraigo. Forma parte de un conjunto de medidas que incluyen el aumento de vivienda social y la intervención del Estado en el mercado habitacional.
Emanuelli subrayó que la reforma reconoce que la crisis de vivienda no se resuelve con una sola herramienta. “Se está reconociendo que es necesario efectivamente aumentar la cantidad de vivienda social asequible, que para ello es necesario suelo, que impacta de manera importante sobre el valor de la vivienda”, ejemplifica.
En ese sentido, el gobierno plantea una política integral que combina regulación, producción de vivienda y defensa de derechos. El objetivo, de acuerdo con Muñoz, es evitar que la ciudad se configure solo a partir de la lógica del mercado.
“Hay que entender que la vivienda es también un derecho humano”, afirmó.
La propuesta aún debe discutirse en el Congreso local. De aprobarse, sentará las bases para una ley de rentas que detallará los mecanismos para aplicar estos principios.
Por ahora, el derecho al arraigo abre una nueva línea en la política urbana de la capital. Para los especialistas, su alcance dependerá de cómo se traduzca en instrumentos concretos.
Mientras tanto, la discusión se centra en un punto: si la ciudad puede contener el desplazamiento sin frenar la inversión, y si el reconocimiento del arraigo logra cambiar la forma en que se habita la capital.
