Este acelerado proceso de urbanización tanto en América Latina y en México ha estado marcado por un desarrollo desordenado que evidencia la carencia de infraestructura, servicios públicos, movilidad, falta de acceso a vivienda y falta de previsión ante los embates del cambio climático.
La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce y afecta la adecuada gestión de aguas residuales y desechos urbanos. La mala calidad del aire que respiramos está perjudicando el entorno de vida y la salud pública, mientras que el consumo de energía y la generación de emisiones de carbono va en aumento de manera importante.
Ante la emergencia climática las ciudades tienen un rol fundamental en la mitigación y adaptación al cambio climático. Los acontecimientos de los últimos meses en gran parte de la República Mexicana por los golpes de calor y la sequía y, en particular en los últimos días, con el terrible impacto del huracán “Otis” en Acapulco, son señales inequívocas de que no estamos preparados.
No hemos logrado dimensionar el verdadero impacto de este crecimiento desordenado en lo social, económico, ambiental y en la complejidad de la gobernanza de un territorio con estas características. No hemos avanzado lo suficiente en cuantificar y entender los efectos negativos y los costos directos e indirectos que este modelo expansionista nos está generando y que estamos heredando a las futuras generaciones.
La regulación, la planeación y la gestión de una ciudad son tareas que cada vez se vuelven más complejas porque involucra a diversos actores con intereses divergentes y porque se vuelven más técnicas, sobrepasando, generalmente, las capacidades presupuestarias y de respuesta de los gobiernos locales. Conforme las ciudades crecen, también crecen las dificultades para administrarla, y con ellas la necesidad de coordinación entre la gran variedad de actores involucrados.
Recordemos que las ciudades son sistemas complejos que se componen de una serie de elementos interrelacionados que trabajan juntos para sostener la vida y la actividad humana en un territorio determinado. Estos elementos no son solo físicos como vialidades, edificios, espacios y servicios públicos, sino que también se trata de elementos sociales, económicos y culturales que conforman la comunidad.