El documento, firmado por 70% de los integrantes de la compañía cementera, explica que las instalaciones de la planta de Tula, Hidalgo, en donde laboran, fueron tomadas por el grupo de personas para después comercializar el material producido y ocultar los recursos —aproximadamente 30 millones de pesos— en Lasold Group.
“El pasado 15 de septiembre de 2020, modificaron ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la Cooperativa, para que con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que aparentemente pudieran tener las características de empresas que facturan operaciones simuladas”, dice la demanda presentada por García González y Barradas.
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El conflicto
El trío acusado ha sido opositor de José Antonio Marín y Víctor Velázquez, actuales presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia, luego de que tomaran protesta en agosto del 2020 tras la renuncia de Guillermo Álvarez, acusado de delincuencia organizada.
En una entrevista realizada por Obras y Expansión, en octubre del 2020, Federicio Sarabia dijo que Marín y Velázquez estaban impidiendo que fluyera el abasto de cemento de acuerdo a los contratos previos.
“Como ellos tienen el control del sistema administrativo y dentro de él está el de recursos humanos, procesos de compra, financieros, de comercialización o venta, pueden regular o afectar la dotación de los clientes de la Cooperativa. Actualmente lo están haciendo para que nosotros, 550 socios, empecemos a tener reacciones opuestas y sea un medio de presión”, dijo el cooperativista.
También acusó a los directivos de suspender los pagos de aproximadamente 70 personas por estar en contra de su administración. Los miembros del Consejo, a su vez, declararon que los trabajadores habían incurrido en delitos contra la Cruz Azul.