En tiempos de elecciones, la producción de la construcción cae

A punto de terminar 2023 las cifras proyectan este fenómeno. La construcción venía de una caída histórica causada por la pandemia y los conflictos internacionales que ocasionaron la interrupción de la cadena de suministro, pero desde la mitad del año se ha revertido.

El valor de producción de enero fue de 28,000 millones de pesos en el sector privado y 16,000 mdp en el público, cifras que mostraban los inicios de la recuperación, pero con niveles aún lejanos a lo esperado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi). Incluso, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) preveía que los niveles sanos para la industria llegarían hasta mediados de 2024, pero el proceso electoral cambió el juego.

Para agosto, el gasto del sector privado creció casi al doble de inicios de año y con una tendencia al alza con 33,000 mdp, y el del público, a 30,000 mdp. Con estas cifras se llegó a los valores esperados mucho antes. “Los números son muy alentadores. Hay mayor inversión en estos momentos, pero no sabemos lo que pasará el próximo año, ya que el presupuesto para la construcción de obra pública se reducirá de manera significativa, cuando vayan concluyendo los proyectos ya no habrá más inversión”, dice Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Pero con el pasar de los meses, las cifras han vuelto a descender. En el último reporte de la ENEC, de marzo de 2024, la industria tuvo una tercera caída consecutiva de 1.8% respecto a febrero y, aunque la cifra registrada es mayor en 17.3% a lo reportado el mismo mes pero del año pasado, terminó con la buena racha.

Este aumento de recursos y después contracción no es nuevo. En 2011, un año previo a las elecciones, el índice del valor de producción del sector privado comenzó en 115.654 y en el público de 91.291. Para diciembre, las cifras crecieron 143.527 y 115.488 cada uno.

“Cada fin de una administración sexenal el gobierno en turno tiene que terminar las obras y proyectos que tengan, por lo que hay una mayor aceleración en la inversión, hay más dinero para construir y al revés, cuando inicia una administración hay un periodo que va de meses o hasta todo el año, en el que se revisa el rumbo del país, hay una disminución en la inversión”, explica Solares.

Este ciclo es normal, sin embargo, no es el “deber ser”, ya que la caída en presupuesto de obra pública siempre es preocupante. Leslie Badillo, economista investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que el recorte a infraestructura del próximo año, el primero que se ha hecho en los últimos cinco y que se produce entre otras cosas por el cierre del sexenio, es preocupante porque representa otra vez un rezago al estándar de lo que organizaciones dictan que debe ser el gasto, que es del 4% del PIB. En el Proyecto de Plan de Egresos de la Federación del siguiente año la cifra es de 3.2%.

“El gasto en obra pública ayuda mucho al dinamismo de la economía, a la generación de empleos y al desarrollo social. No se puede tener una educación de calidad si no hay, por ejemplo, escuelas. U hospitales. Por lo que va muy de la mano de servicios”, dice la experta.

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Aunque este ciclo afecta de mayor manera a las empresas que dedican sus esfuerzos a la obra pública, las privadas también reciben el impacto, agrega Solares. Cuando comenzó la actual administración de la Ciudad de México se inició una estrategia de regulación de los permisos de construcción —-sobre todo de vivienda—debido a irregularidades encontradas, principalmente las relacionadas con el llamado Cartel Inmobiliario, un grupo de empresas y políticos señalados por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México como responsables de entrega de permisos de construcción de manera ilegal. Esta pausa en los trámites causó que algunas desarrolladoras estuvieran paradas y después iniciaran operaciones con cautela.

Ruba, una desarrolladora de vivienda de 43 años de existencia, también conoce la tendencia. Jesús Sandoval, director general de la compañía, afirma que las empresas de este ramo están atentas a los permisos de construcción y modificaciones a las políticas públicas “que son normales con los cambios de gobierno”. Y con esta experiencia, las compañías se han planteado estrategias para continuar sus operaciones de la manera más normal posible durante este periodo de ajuste.

Las salidas

Para Francisco Solares, de la CMIC, que aglutina a 9,000 empresas afiliadas, lo ideal sería estabilidad para el sector con planes de infraestructura que vayan más allá de los sexenios. Pero mientras eso sucede, las empresas han adaptado su ciclo y han pasado años poniendo en práctica y perfeccionando estrategias para no tambalearse ante los cambios de dinámica.

Sener, dedicada a soluciones de tecnología e ingeniería, ha identificado que estas fluctuaciones se dan sólo en países como México, en donde el cambio de gobierno se traduce también en una diferente estrategia en gasto y construcción de infraestructura. “Sí hemos percibido este efecto que es característico de México y de países presidencialistas (...). El cambio de administración supone un cambio de paradigma, por lo que hoy ya tenemos los ojos y orejas puestas en los cambios que vienen”, comenta Gonzalo Azcárraga, director general de Sener México.

Sener ha aprendido a no poner todos los huevos en la misma canasta y mantener sus operaciones balanceadas en cuanto a actividades para el sector público y privado. En la actualidad tienen proyectos en petróleo y energía, carreteras, puertos, transporte urbano y en tecnología para estadios y edificios inteligentes. “A veces tenemos esfuerzos muy enfocados en la obra pública, pero cuando cambia hacemos frente a los privados”, dice el directivo.

La empresa también apuesta porque sus colaboradores participen en proyectos fuera del país. Azcárraga explica que cuando hay más proyectos en Europa o Centroamérica y el personal mexicano tiene una menor carga de trabajo, como suele ser durante un cambio de gobierno, este equipo comienza a colaborar a distancia en el desarrollo de proyectos gracias a las herramientas digitales que se fortalecieron durante la pandemia.

Su ventaja es que, al ser un grupo empresarial, la estabilidad financiera de la compañía no depende de los proyectos de un sólo país, sino que se apoyan entre sedes.

La empresa también comenta que ser “apartidista” ha funcionado: “No tener aliados políticos nos permite no tener enemigos”, por lo que han logrado contratos en todas las administraciones. Azcárraga dice que gracias a este conjunto de estrategias los tiempos electorales no les han pasado factura, al contrario, la empresa ha tenido un crecimiento sostenido a pesar de los cambios de color en los gobiernos federales y locales.

Ruba también apuesta por la diversificación dentro del territorio nacional. Han buscado diversificar sus operaciones en 16 ciudades para fraccionamientos y 14 para vivienda residencial. Incluso, la empresa ha volteado a ver a ciudades fuera del país y ha emprendido un primer proyecto fuera de México de departamentos en Houston, en donde 93% están en renta, además de construcción de un inmueble similar en El Paso, Texas, lo que les servirá para continuar con crecimiento en el valle del ciclo que se avecina.

Ir a otros países es una manera de aprovechar el alza que tienen varias ciudades estadounidenses en demanda de alquiler, pero también para protegerse ante fluctuaciones políticas y económicas de México.

También esta capacidad de desarrollar distintos segmentos de vivienda ha jugado a su favor. “En 2018 cambiaron las reglas y esta administración no ha dado subsidio a la vivienda de interés social, por lo que aunque la seguimos produciendo, también nos hemos diversificado a la de mayor valor”, explica Jesús Sandoval.

Este cambio en enfoque de valor de vivienda se ha dado de manera paulatina. En 2021 del total de su inventario 50% correspondía a unidades del segmento medio y residencial. Este 2023, hasta el tercer trimestre del año, representan 55%.

Aunque están preparados para que durante el inicio del siguiente sexenio, cuando suele haber mayor cautela en el gasto, se contraiga la demanda. El directivo asegura que están preparados gracias a que 90% de las utilidades se reinvierten. “Somos una empresa que está muy capitalizada, de tal manera que si hay una coyuntura por un cambio de gobierno o un cambio en la política de vivienda nos da margen de maniobra”. Ya ha pasado en el pasado. “En el sexenio de 2012, cuando hubo este cambio brutal en el sector, nosotros nos adaptamos para producir vivienda media y residencial“.

La visión a largo plazo y priorizar la estabilidad en lugar de apostar por un aumento de capital inmediato les permite tener mayor solidez ante los cambios, agrega Sandoval. La empresa mide sus metas alcanzadas en largos periodos de tiempo que van más allá de los sexenios y, visto de esta manera, el crecimiento ha sido sostenido.

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2024

En los últimos meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador el interés de las constructoras nacionales está puesto en el norte. De acuerdo a la CMIC, la demanda que genera el nearshoring en la frontera con Estados Unidos no sólo de naves industriales, sino de vivienda e infraestructura, se convierte en una oportunidad de inversión del sector público, pero principalmente privado, que será el salvavidas en el descenso de la construcción de obra pública y ayudará a las constructoras a mantenerse sólidas durante la parte más baja del ciclo del ciclo.

Pero para que sea así, Francisco Solares pide más actividad del gobierno actual y el que viene en la infraestructura para dotar de energía a las naves industriales, ya que puede ser un freno para la relocalización de la cadena de suministro.

“Estoy seguro que las empresas mexicanas constructoras tienen la capacidad suficiente para edificar la infraestructura que requiere el país para que las empresas que se van a instalar en México, pero para que puedan disponer de todos estos servicios, que son indispensables, tienen que ver políticas y el gobierno”, dice.

La reconstrucción de Otis, el huracán que golpeó las costas de Guerrero y, que de acuerdo al gobierno federal requerirá 61,313 millones de pesos, abre la puerta a que las empresas locales pequeñas y medianas se mantengan activas en el periodo electoral, aunque será en obras a pequeña escala.

De acuerdo con Juan José Orozco, director general del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, la mayoría de los daños en Acapulco fue a fachadas, no estructurales, por lo que las reparaciones serán sencillas. En la parte de vivienda de zonas de bajos recursos, la estrategia oficial es la autoconstrucción.

A falta de conocer las propuestas en torno a infraestructura de las candidatas a la presidencia, la industria hace su “guardadito” en espera de buenas noticias para las empresas.