De manera paralela a la discusión, el gobierno federal prometió aminorar este problema en su gobierno, en la industria y en el país y tomó algunas medidas encaminadas frenar los actos deshonestos. El principal fue hacerse de un aliado: los ingenieros militares.
A Secretaría de la Defensa Nacional le encargaron la construcción de las principales obras y las que mayor presupuesto se les asignó en el sexenio: El Aeropuerto Felipe Ángeles, tramos del Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum, el Trasitsmíco, entre otras. La mayor parte de estas obras cerradas a la transparencia por lo que no se tiene detalle del manejo de los recursos.
Otras medidas implementadas por el gobierno para combatir la corrupción fueron:
- Implementación de nuevos sistemas de transparencia en los procesos de licitación y contratación (en la Ciudad de México).
- Propuestas de digitalización de procesos.
- Modificaciones a las leyes de obras y adquisiciones.
- Más investigaciones y control por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pero, ¿qué ha cambiado realmente desde que se inició este discurso? ¿Han sido efectivas las medidas implementadas para combatir la corrupción en el sector?
La persistencia del problema
A pesar de las promesas y los esfuerzos gubernamentales, la percepción de la corrupción sigue siendo un problema. "No ha desaparecido la corrupción en el sector privado. No tan así que nuestras investigaciones sistemáticamente también sigue apareciendo como uno de los problemas específicos", señala Leonardo Núñez, director de investigación aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el IMCO, la falta de transparencia que permanece en el sector impide saber si las obras, tanto públicas como privadas, se han llevado a cabo con legalidad, no obstante, hay cifras que dan unas pistas.
Según datos del Inegi, la percepción de corrupción en trámites relacionados con la construcción y el registro de propiedades ha aumentado en los últimos años. En 2023, el 23.5% de estos trámites experimentaron actos de corrupción, un incremento respecto al 22.3% registrado en 2021.
El problema no es uniforme en todo el país. Según el estudio del Inegi, la entidad con más prevalencia de corrupción en este tipo de trámites fue Chiapas, con 73,532 personas afectadas por cada 100,000 habitantes.
En segundo lugar se encontró Baja California y en tercero Tabasco. La Ciudad de México, donde en 2018 se dio a conocer la existencia de llamado "Cártel Inmobiliario", quedó en quinto lugar con una incidencia de 45,500 personas por cada 100,000 habitantes.
De 2021 a 2023, el problema creció en 14 entidades del país, siendo Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur las de mayor incremento. En la lista también se encuentran Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.
Más allá de la corrupción, el nivel de satisfacción con los trámites relacionados con la propiedad tampoco es bueno. Del total de personas que hicieron estos procedimientos durante el año pasado, sólo 50.9% dijo estar satisfecho con lo obtenido. Con esta cifra, se coloca como los que tienen el nivel más bajo en buenos resultados.
Sin embargo, el problema de la corrupción es más complejo y no se limita al sector privado. "Se ha dado un discurso público que ha dicho solo allá permanece la corrupción, aquí ya no. Y eso genera una distorsión muy importante porque entonces no estamos enfrentando el fenómeno de una manera integral", agrega Núñez de MCCI.
El costo económico de la corrupción en el sector de la construcción es significativo: dependiendo del estudio, el costo se mide o se evalúa entre 2 y 8% del PIB, señala Jesús Garza, economista internacional de la EGADE Business School.
"Es un costo que estamos dejando de percibir a nivel país y obviamente encarece, entorpece también el accionar de la economía nacional", señala.
Ambiente de desconfianza
La etiqueta de "corrupción" que se ha adherido al sector de la construcción en México desde la autoridad, ha tenido repercusiones profundas y de largo alcance. Más allá de las cifras y estadísticas, esta estigmatización ha creado un ambiente de desconfianza y sospecha que permea cada aspecto de la industria, desde las grandes corporaciones hasta los pequeños contratistas.
Esta pérdida de confianza pública no es solo una cuestión de percepción; tiene consecuencias tangibles y medibles.
Jesús Garza, economista de la Egade Business School, señala que en términos generales tener un visión negativa sobre un sector lo afecta de manera importante, principalmente en temores para la inversión.
Así, la industria de la construcción en México ha experimentado una "montaña rusa emocional y operativa" desde que se convirtió en el foco de las acusaciones de corrupción por parte del gobierno federal.
La respuesta del sector ha sido multifacética, oscilando entre la defensa férrea de su integridad y el reconocimiento de la necesidad de cambios profundos. En un principio, la reacción predominante fue de indignación y rechazo.
Los que representan nuestra cámara nos sentimos ofendidos que se generalice que todas las empresas han robado
Eduardo Ramírez Leal, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Esta postura defensiva se basaba en la convicción de que, si bien podían existir casos aislados de corrupción, estos no representaban al sector en su totalidad.
