Esta propuesta llegó esta semana al Congreso de la capital, impulsada por Luis Mendoza, alcalde de la Ciudad de México, quien expresó su preocupación por la creciente desaparición de vegetación tanto dentro como fuera de los terrenos destinados a edificaciones.
"Con esta iniciativa, quiero imponer un veto al inmueble durante cinco años para que no se pueda lucrar ni construir nada ahí", advirtió el funcionario, quien busca detener esta práctica que perjudica el medio ambiente y desencadena la construcción desmedida de obras nuevas.
El proyecto de decreto modifica varias leyes relacionadas con el desarrollo urbano y la protección ambiental. También incluye una redefinición de responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno: las alcaldías solo se encargarán de recibir y revisar la documentación, mientras que el gobierno de la capital asumirá la gestión y supervisión total.
Luis Mendoza dijo que no busca eludir responsabilidades. "No vengo a pasar la pelota, al contrario, estoy aquí para asumir la responsabilidad y pido ayuda al gobierno de la ciudad", explicó, y señaló las limitadas atribuciones que tienen las demarcaciones en temas constructivos.
Andrés Atayde, coordinador parlamentario de Acción Nacional, apoyó la iniciativa, con el argumento de que establece claramente las obligaciones de las autoridades y combate un problema que afecta "la calidad de vida de los capitalinos".