Los asentamientos irregulares en la Ciudad de México se han triplicado.(Moisés Pablo Nava)
Redacción Obras
En las últimas tres décadas, los Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) en la Ciudad de México han crecido de manera acelerada, lo que ha transformado zonas de conservación ambiental en áreas urbanizadas.
Este fenómeno ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la ciudad y la seguridad de familias que se asientan en terrenos inestables y sin servicios básicos.
Según datos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), desde que se comenzó a delimitar normativamente el Suelo de Conservación en 1987, los asentamientos irregulares han aumentado exponencialmente.
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De 296 nuevos asentamientos registrados entre 1987 y 2000, la cifra se disparó a 838 para 2010, alcanzando los 891 en 2020 y ocupando más de 3,138.5 hectáreas de terreno destinado a la protección ambiental. Es decir, se ha triplicado en 30 años.
Expansión sin control
El suelo de conservación en la Ciudad de México abarca en la actualidad el 59% de la superficie total de la metrópoli y se concentra principalmente en las zonas sur y poniente, incluyendo áreas como la Sierra del Ajusco, el sistema lacustre de Xochimilco y Tláhuac, así como la Sierra de Guadalupe en Gustavo A. Madero.
Estas zonas no sólo proporcionan servicios ambientales como la recarga de acuíferos y la regulación del clima, sino que también son hábitat de flora y fauna, de acuerdo al IPDP.
No obstante, la ocupación de estas áreas por asentamientos irregulares ha generado una pérdida acelerada de la vida vegetal. Entre 1987 y 2010, el suelo de conservación redujo en promedio 470 hectáreas de vegetación al año debido a la expansión de AHI y al crecimiento urbano de pueblos y barrios originales.
Esta transformación ha alterado el ciclo hídrico, disminuyendo las reservas de agua potable y afectando la biodiversidad de la región.
De acuerdo con el documento técnico del IPDP, la mayor concentración de AHI se encuentra en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Cuajimalpa, las cuales tienen 87% de los asentamientos en suelo de conservación.
“La pérdida de suelo de conservación no sólo implica un impacto ambiental significativo, sino que también afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México”, señala el informe.
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Desigualdad social y marginación en los asentamientos
Los AHI en suelo de conservación afectan el equilibrio ambiental y agravan la desigualdad social en la Ciudad de México. Al establecerse en terrenos no urbanizados, estas comunidades carecen de servicios públicos básicos como agua potable, drenaje y electricidad formal.
Además, enfrentan riesgos por deslizamientos de laderas, inundaciones e incendios forestales debido a su ubicación en zonas vulnerables.
En 2019 se registraron 728 asentamientos expuestos a algún tipo de riesgo ambiental, siendo el deslizamiento de laderas el más común, afectando al 71% de los AHI en riesgo. La alcaldía de Xochimilco concentra el mayor número de asentamientos en zonas de alto riesgo, seguida de Tlalpan y Cuajimalpa.
Los deslizamientos son el principal problema de los asentamientos irregulares.(Moisés Pablo Nava)
La mayoría de las viviendas en estas zonas son de autoconstrucción y presentan condiciones de precariedad, de acuerdo al informe.
Los servicios de agua y energía eléctrica son obtenidos mediante conexiones ilegales, mientras que el desalojo de aguas residuales se realiza mediante fosas rudimentarias o zanjas abiertas, lo que a su vez causa contaminación en el subsuelo y cuerpos de agua cercanos.
El crecimiento de los asentamientos irregulares en suelo de conservación está vinculado a varios factores estructurales y sociales.
La falta de acceso a vivienda asequible, el crecimiento demográfico natural de los pueblos originarios en el sur de la ciudad y la venta ilegal de tierra han contribuido a la expansión de los AHI.
Además, la carencia de reservas territoriales para el desarrollo urbano ha llevado a muchas familias a buscar terrenos en áreas no aptas para la construcción habitacional.
El documento del IPDP destaca que, en los últimos 20 años, el suelo de conservación ha absorbido cerca de 100,606 nuevos hogares, afectando a más de 400,000 personas que viven en condiciones semiurbanas y de alta vulnerabilidad.
“La falta de una política integral de vivienda y la debilidad en la aplicación de normativas urbanas han permitido la expansión de estos asentamientos”, señala el estudio.
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Las zonas de conservación se concentran en el sur y poniente de la capital.(joels86/Getty Images)
Estrategias y desafíos para el control
El gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversos programas de regularización de asentamientos humanos irregulares. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado insuficientes para detener su crecimiento.
La repoligonización de áreas ocupadas y la consolidación de asentamientos han contribuido a la disminución de superficies irregulares, pero no han frenado la expansión hacia nuevas zonas de conservación.
En 2020, la superficie ocupada por AHI ascendió a 3,138.5 hectáreas, de las cuales 1,510 hectáreas se consideran ya consolidadas.
Esto representa un desafío significativo para la preservación ambiental y la sostenibilidad urbana, ya que implica la pérdida permanente de áreas destinadas a la recarga de acuíferos y la regulación climática.
El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PGOT CDMX) establece directrices para regular la ocupación del suelo y propone estrategias de reubicación para los AHI en zonas de alto valor ambiental o en áreas de riesgo no mitigable.
No obstante, la implementación de estas políticas enfrenta obstáculos políticos y sociales, así como la resistencia de las comunidades afectadas.
El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva subraya la necesidad de una política integral de atención a los AHI, que contemple no sólo la regularización y consolidación de asentamientos existentes, sino también la prevención de nuevas ocupaciones y la protección efectiva del suelo de conservación.
“Es fundamental garantizar el derecho a la ciudad y a un medio ambiente sano para todos los habitantes de la Ciudad de México”, concluye el informe.
