Claudia Sheinbaum busca sumar una nueva atribución a la SICT: podrá construir hospitales

De aprobarse, la Secretaría podrá participar en la “construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación” de infraestructura asociada a los servicios del sector, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La iniciativa enviada al Congreso no implica la creación de nuevas estructuras ni un aumento presupuestal. De acuerdo con el dictamen de impacto, las erogaciones se cubrirán con recursos ya aprobados para la Secretaría.

A inicios de este 2026, la presidenta prometió, para este año, la construcción de 24 hospitales con una inversión de 45,675 millones de pesos.

Una atribución que se suma a un cambio reciente

La propuesta no aparece de forma aislada. En los últimos meses, la SICT ha ampliado su campo de acción más allá del transporte.

En mayo de 2025, la dependencia firmó un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para participar en proyectos hospitalarios, aunque en ese momento su papel se centraba en la infraestructura urbana complementaria, como accesos y conectividad.

En paralelo, la Secretaría también se incorporó a proyectos de educación pública. Meses antes, en marzo de ese mismo año, retomó la construcción de planteles educativos, con 18 bachilleratos y una universidad en 14 estados, con una inversión conjunta de 1,385 millones de pesos.

“A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se le regresan facultades, porque alguna vez las tuvo como Secretaría de Obras Públicas”, dijo entonces Jesús Esteva Medina, titular de la dependencia.

Este regreso a funciones constructivas marcó un punto de inflexión. Después de décadas enfocada en comunicaciones y transporte, la SICT volvió a intervenir en obra pública distinta a la movilidad.

De carreteras a hospitales

La iniciativa plantea formalizar ese proceso. En la exposición de motivos se señala que la infraestructura pública es un instrumento para garantizar derechos, en particular el acceso a la salud, y que su desarrollo requiere coordinación entre dependencias y niveles de gobierno.

El documento también reconoce que, aunque la SICT ya cuenta con atribuciones en infraestructura urbana, transporte y proyectos culturales, no tiene una facultad expresa para intervenir en obras de salud.

Por ello, la reforma busca dotarla de un marco legal que permita su participación directa en este tipo de proyectos, sin sustituir a las dependencias responsables de los servicios médicos. La intervención se limita a la ejecución de obra pública asociada a la infraestructura.

De esta manera, se aprovechará la experiencia que tiene la dependencia en la coordinación de proyectos de construcción, además de que permitirá alcanzar la meta del Plan Nacional de Desarrollo de modernizar y reforzar los hospitales del país hacia 2030.

Un rediseño institucional en curso

El ajuste legal ocurre en un contexto de reconfiguración de funciones dentro de la propia Secretaría.

Durante 2025, la SICT transfirió las funciones ferroviarias a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (que después se convertiría en Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado), mientras sumó responsabilidades en educación, espacio público y gestión de residuos.

En ese mismo periodo, el presupuesto destinado a infraestructura carretera también cambió. El Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025–2030 pasó de una estimación inicial de 173,000 millones de pesos a 369,814 millones.

Al mismo tiempo, la Secretaría mantuvo su papel en la construcción y conservación de carreteras, con metas como la edificación de 2,220 kilómetros en diez corredores y la atención de miles de kilómetros de conservación rutinaria y periódica.

La ampliación de funciones ocurre, así, en paralelo a la continuidad de sus tareas tradicionales.

Un regreso a su origen

La discusión sobre nuevas atribuciones también remite al origen de la dependencia.

Antes de su división en 1958, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas concentraba tanto las funciones de transporte como la construcción de obra pública en el país.

La separación dio lugar a dos dependencias: una especializada en comunicaciones y otra en obras públicas.

Con el paso de las décadas, esas funciones se redistribuyeron entre distintas instituciones. Ahora, con las nuevas facultades en educación y la propuesta en salud, la SICT retoma parte de ese papel constructivo.

El decreto, en caso de aprobarse, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y dará un plazo de 180 días para realizar adecuaciones normativas.