La propuesta
En el documento se proponen dos ejes principales: uno de ellos va dirigido a la población formal de menores ingresos en zonas con infraestructura urbana, servicios, opciones de movilidad y fuentes de empleo.
Esto, a través de subsidios mixtos otorgados a los compradores de manera directa y a las desarrolladoras de forma indirecta.
Los subsidios directos tiene como fin que las personas compren inmuebles en zonas con equipamiento adecuado y eviten el abandono de inmuebles que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en 2021 alcanzó 650,000 unidades. Un análisis de la dependencia asegura que esas casas se deshabitaron por su ubicación lejos de los centros de trabajo, así como falta de infraestructura y servicios.
De acuerdo con Luis Alberto Moreno Gómez, presidente de la Canadevi, la meta es que se subsidien 100,000 viviendas para agosto de 2025, con un promedio de 80,000 pesos por comprador, por lo que se requeriría un presupuesto de 8,000 millones de pesos para los primeros 100 días de gobierno.
“Es decir, si una casa vale 550,000 pesos, y el trabajador tiene 480,000 de ahorro en crédito, necesita 70,000 pesos. Los gobiernos estatales, municipales y el federal tendrán la obligatoriedad de buscar alternativas, de dárselos para generar el alcance completo necesario”, dijo Moreno en la presentación del plan.
Hay estados como Yucatán, Puebla y Nuevo León en donde se han hecho este tipo de subsidios, pero son necesarios más recursos.
La Canadevi, junto con otros organismos, como la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), propone que las reglas de operación sean definidas por la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda), Subsecretaría de Vivienda y Sedatu. Estas deben garantizar la transparencia y evitar el mal uso del apoyo, además de plantear procedimientos de acceso claros y sencillos.
Los beneficios a las desarrolladoras, en tanto, buscan incentivar la construcción de vivienda social en áreas en donde haya desarrollo de infraestructura, con mecanismos como políticas de zonificación, simplificación de regulaciones y facilidades para obtener permisos de uso de agua y electricidad.
Con estas medidas, la Canadevi calcula que se podrían desarrollar viviendas por debajo de los 630,000 pesos, sobre todo si los gobiernos garantizan el desarrollo de mantenimiento de infraestructura, seguridad y transporte.
Otro de los subsidios propuestos por el organismo es “crear incentivos para reconocer el pago anticipado y oportuno de hipotecas, ayudando a mitigar la carga económica sobre los compradores de bajos ingresos”, dice el documento.
La estrategia se basa en la disminución progresiva de intereses o bonificaciones que disminuyan el adeudo total por buen comportamiento en los abonos, lo que fomentaría los pagos.
En este caso, los organismos responsables serían el Infonavit, Fovissste o los institutos estatales de vivienda. También se busca que el sector privado, principalmente la banca, se unan al plan para ampliar el impacto del programa.
La causa
Según Moreno Gómez, en el país hacen falta 9 millones de viviendas, de las cuales 4.9 millones deberían ser de un valor de entre 480,000 y 600,000 pesos, ya que son los precios a los que pueden acceder los salarios de los mexicanos.
“¿Hay alguna vivienda de 600,000 pesos en la Ciudad de México? No, imposible. Y así como en la Ciudad de México, hay muchas ciudades en las que no hay y con gente que gana 15,000 pesos y que tiene derecho a esa vivienda”, apunta el presidente de la Canadevi.
De acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en el último trimestre del año pasado el precio promedio de la vivienda quedó en 1 millón 617,000 pesos, mientras que el salario promedio mensual de la población ocupada del sector formal fue de 7,300 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Es decir, el valor de una vivienda hipotecada fue de 221 veces el salario mensual de un trabajador.
