Gobierno da primeros pasos para asociarse con la IP en construcción de vivienda

Un nuevo intento de articulación

La apertura de la convocatoria ocurre después de años de separación entre el sector público y el privado en materia de vivienda social. Tras la eliminación de los subsidios federales en 2018, la producción de vivienda económica cayó y con ella la colaboración entre ambos sectores.

Desde entonces, la industria privada había solicitado involucramiento de las autoridades de este segmento, al mismo tiempo que las grandes vivienderas del país cambiaban su enfoque al segmento medio y residencial.

En febrero de 2024, la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), elaboró un plan para fomentar la producción y venta de vivienda a bajo costo. El plan consistía en subsidios mixtos otorgados a los compradores de manera directa y a desarrolladoras de forma indirecta.

La meta establecida fue subsidiar 100,000 unidades para agosto de 2025 con un promedio de 80,000 pesos por comprador, lo que requería un presupuesto de 8,000 millones de pesos para los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Es decir, si una casa vale 550,000 pesos, y el trabajador tiene 480,000 de ahorro en crédito, necesita 70,000 pesos. Los gobiernos estatales, municipales y el federal tendrán la obligatoriedad de buscar alternativas, de dárselos para generar el alcance completo necesario”, dijo el entonces presidente del organismo, Luis Alberto Moreno Gómez Monroy en la presentación del plan.

No obstante, la iniciativa no tuvo quórum en el gobierno federal, y la IP siguió distanciada de las autoridades en cuanto a estrategias de desarrollo de vivienda.

En diciembre del mismo año el organismo dijo que comenzaba a ver intenciones de involucramiento de las empresas en la edificación de los inmuebles, pero sin un acercamiento directo entre el sector público y privado.

“Todos hacemos esfuerzos diferentes y no hay un efecto multiplicador. (...). Si trabajamos de manera conjunta se puede duplicar el objetivo de un millón. Nosotros tenemos reserva para producir un millón 24,000 viviendas, pero nada más nos tienen que decir el cómo”, dijo Gómez Monroy.

Expectativas de la industria

Este 2025 el llamado fue escuchado y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que la edificación de vivienda se haría en colaboración con las empresas. Este 28 de marzo comienza la consolidación de esa nueva relación a través de la publicación de la convocatoria para el registro al padrón.

La integración del sector privado al padrón de la Conavi puede ser vista como el primer paso hacia una posible reactivación de la producción de vivienda económica a gran escala.

Aunque el camino incluye obstáculos logísticos, financieros y normativos, la convocatoria representa un intento por reconciliar a los actores del sector, tras un largo periodo de desconexión.

“Constructoras, locales, regionales que se van a encargar, de alguna forma, de la maquila. Será un trabajo de ejecución de obra en ese programa. Es muy importante también aclarar que el millón de viviendas no suple a los programas que tradicionalmente trabajamos los desarrolladores de vivienda”, dijo el ex-presidente de la Canadevi diciembre.

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Desde el sector privado, la reactivación de la vivienda social se observa como una posibilidad de relanzamiento.

Empresas como Vinte y Javer ya han anunciado estrategias enfocadas en producir unidades de menos de un millón de pesos. En Monterrey, por ejemplo, el 54% de las viviendas vendidas ya corresponde al segmento de interés social, según datos de Tinsa.

Por su parte, el Infonavit plantea esquemas de financiamiento para facilitar la participación privada, como la Línea 3 Integral que otorga créditos puente a tasas menores que las bancarias.

Aun así, su gerente técnico, Juan Carlos Espinosa, reconoció que se trata de un proceso complejo. “Necesitamos el acompañamiento de los estados, los municipios y las empresas. Es un trabajo duro de cofinanciamiento”, dijo.

Las estrategias de vivienda buscan resolver un déficit de 8.2 millones de viviendas en el país. En 2023, el número de unidades habitacionales construidas fue de 130,996, cifra inferior a la meta anual proyectada.

El gobierno considera una distribución geográfica para evitar la concentración en zonas periféricas y garantizar acceso a servicios básicos, aunque especialistas advierten que eso podría incrementar los precios del suelo.

El presupuesto destinado al Programa de Vivienda Social para 2025 asciende a 32,000 millones de pesos, lo que representa 84.1% del total asignado a la Sedatu.

Sin embargo, especialistas advierten que el éxito de esta iniciativa requerirá superar varios desafíos. El más recurrente: el acceso a tierra bien ubicada y con servicios. “La estrategia para la adquisición de terrenos es clave en el éxito del programa”, señaló la calificadora Moody’s, al advertir sobre el alto costo del suelo en zonas urbanas con acceso a servicios básicos.

La industria también alerta sobre los posibles efectos del programa en los precios. “Por un simple efecto de oferta y demanda (...) es hasta cierto punto de esperarse que el precio de los terrenos tienda a subir”, explicó René Robles, director analista de crédito en Moody’s Local México.

Requisitos y proceso de la convocatoria

Podrán participar personas físicas y morales que se dediquen a la edificación de vivienda, asistencia técnica, verificación y supervisión de obra.

El registro se realiza de manera digital mediante la plataforma oficial, en donde se deberá ingresar información fiscal y legal, así como cargar una serie de documentos técnicos y administrativos. El proceso incluye validación jurídica, técnica y financiera, cuya aprobación es requisito para pasar a la evaluación del Comité de Evaluación Técnica (CET).

Entre los documentos obligatorios están actas constitutivas, poderes notariales, constancias fiscales, estados financieros y experiencia comprobable.

También se solicita una metodología operativa que describa las capacidades y estrategias de atención a beneficiarios. Los aspirantes tendrán cinco días naturales para concluir la carga documental desde que crean su usuario. Si no lo hacen en ese plazo, deberán comenzar el trámite desde cero.

Una vez obtenidas las tres opiniones favorables, la solicitud será sometida al CET. Si el comité la aprueba, el solicitante será registrado oficialmente en el padrón y podrá participar en el programa.