Mientras el gobierno plantea regulaciones sobre el mercado inmobiliario, los frentes sociales reclaman un cambio estructural que vaya más allá de los incentivos y normativas. En palabras del Frente, “la vivienda en México no debe ser un negocio”.
Sus demandas incluyen una Ley Inquilinaria con límites al precio del alquiler, el reconocimiento de modelos colectivos de tenencia y el fin de los desalojos en contextos de especulación.
Regular el mercado o desmercantilizar el suelo
El Bando 1 reconoce la gentrificación como un fenómeno multicausal y propone instrumentos jurídicos para estabilizar los precios del alquiler. Entre sus primeras disposiciones, establece que las rentas habitacionales no pueden aumentar por encima de la inflación, lo que ya estipula el Código Civil local.
También prevé la creación de un “Índice de Precios de Alquiler Razonable” para zonas de tensión inmobiliaria y una Defensoría de los Derechos Inquilinarios que atienda abusos y desalojos ilegales.
No obstante, en el pliego petitorio del frente se exige que se dejen de considerar las viviendas como propiedad sujeta al mercado y se reconozca el derecho a la vivienda como un bien común.
“El derecho a la vivienda no debería limitarse a obtener un crédito privado o del Infonavit, esto debería ser solo una opción más”, afirma el colectivo en una de sus publicaciones.
Además de limitar precios, proponen modelos alternativos como cooperativas de vivienda y fideicomisos de tierras comunitarias. También demandan consultar obligatoriamente a los habitantes de cada zona antes de iniciar cualquier proyecto inmobiliario o comercial.
Producción de vivienda
Uno de los puntos centrales del Bando 1 es el impulso a la producción de vivienda pública en zonas céntricas. Para lograrlo, el gobierno emitirá un acuerdo de facilidades administrativas y fomentará proyectos sostenibles, con reserva territorial y participación comunitaria.
Sin embargo, desde el Frente cuestionan la definición misma de “zonas de tensión” y el modelo de vivienda que se promueve. “No quedó claro qué variables se usarán para definir esas zonas ni qué estrategias se implementarán ni en qué plazos”, dijo Luna, uno de sus voceros, en entrevista.
El colectivo subraya que los programas de vivienda deben adaptarse al contexto cultural y social de cada población, en lugar de replicar esquemas homogéneos.
“El tema es que los políticos tienen propuestas increíbles. Todo suena bien en el papel, pero, mientras siga sin existir una ley clara que regule todo, para nosotros siguen siendo solo palabras”, expresó.
