Una mañana, a principios de febrero, Joel Ortega encontró en su escritorio el sujetador trozado de un aparato de dilatación, que protege las vías contra los cambios de temperatura. El personal de supervisión nocturna de la Línea 12 se lo había enviado. Días después, el 13 de febrero, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó sobre el agudo deterioro a la Contraloría capitalina.
Era una más de las averías que se le reportaban desde noviembre de 2013. Las irregularidades no sólo eran operativas, sino estructurales: problemas de construcción e incompatibilidad entre vías y trenes. El director del Metro determinó el cierre del tramo Tláhuac-Culhuacán el 11 de marzo de 2014, en parte respaldado por el informe del especialista belga Michelle Lannoye, quien argumentó que el grado de deterioro de las instalaciones podría generar “un riesgo potencial de descarrilamiento”.
Al ser llamado a comparecer ante la Asamblea capitalina, Ortega declaró: “Esta línea estuvo muy mal trazada, cuenta con demasiadas fallas de ingeniería que se deben arreglar lo más pronto posible”. Agregó otras como desgaste ondulatorio en curvas y aparatos; fracturas en diversas partes como durmientes, cojinetes, tornillería y fijadores nabla, fisuras en el riel y compactación (pulverización) del balasto.
ESPECIAL: El caso Línea 12
De acuerdo con documentos de Proyecto Metro DF (PMDF), cada una de las decisiones de construcción de la Línea 12 se tomaron a través de 24 mesas de trabajo especializadas por rama técnica (geotecnia, vialidades, seguridad, material rodante, señalización, interfaces, recepción de material rodante). En esas mesas se registraron más de 5,000 minutas de reuniones y 1.5 millones de bitácoras y documentos certificados por un grupo externo.
En entrevista, Ebrard explica que las mesas eran de carácter resolutivo y estaban coordinadas por una mesa de Dirección de Proyecto Ejecutivo, dirigida por el Ingeniero Sotero Díaz Silva e integrada por el director del STC Metro, el director de PMDF, el Consorcio, supervisoras y certificadoras (ver esquema, pag 52).
FOTO: Notimex
Lo que Ortega no señaló en su comparecencia fue una falla señalada por el informe de IFL Consulting Engineers, realizado en noviembre de 2013: la ‘notoria’ falta de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de mantenimiento específico, algo que también argumentó el Consorcio constructor.
"El problema fue de mantenimiento y del cambio de gobierno en la ciudad. Los nuevos (funcionarios) se enojaron porque el mantenimiento de esta línea iba a ser más caro", explicó ante los medios Bernardo Quintana Isaac, presidente del consejo de ICA, al fijar la postura del Consorcio por el cierre.
“Es un mensaje de tipo político. Fue una decisión dirigida a causar polémica”, afirmó Quintana con el respaldo de sus socios del Consorcio, Carso y Alstom. Y es que en los días previos al cierre de la Línea 12, el exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, era postulado por una corriente perredista para dirigir ese partido.
Por otra parte, el contrato de mantenimiento del Consorcio venció en octubre de 2013, el deterioro se empezó a acelerar en los meses siguientes. El consorcio presentó entonces una Propuesta Técnica y Económica para el mantenimiento de la Línea 12 del Metro; y según argumenta Quintana, el mantenimiento se siguió dando por las noches “cuando nos dejaban entrar”, en los meses siguientes, a pesar de que no existía un contrato firmado.
El STC Metro asegura que el costo anualizado del mantenimiento de la Línea 12 asciende a 450 millones de pesos (mdp), una cifra que ocupa casi el total de 600 mdp de presupuesto anual de la institución para mantener todas las rutas existentes en el sistema.
El diputado Jorge Gaviño, presidente de la Comisión investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, señala que “hubo acciones y omisiones delicadas de servidores públicos que hicieron por negligencia o falta de atención, que llegó a un extremo de perjudicar las vía y las ruedas”.
No obstante, aún no se puede contar como una conclusión, pues las investigaciones de la Asamblea y de la Contraloría siguen en curso.
