El calendario juega en contra de la reapertura de la Línea 12. El próximo 15 de septiembre, fecha en que Miguel Ángel Mancera rendirá su segundo informe de gobierno del DF, vence el plazo para el finiquito y la liquidación de la obra civil de la L12.
El gobierno del Distrito Federal (GDF) ya pospuso en dos ocasiones el finiquito del contrato, porque espera los resultados de los estudios sobre las causas del deterioro de la obra, que las empresas francesas Systra y TSO se comprometieron a entregar entre finales de agosto y principios de septiembre.
La importancia del finiquito reside en que implica el cierre de cuentas con el Consorcio. Es decir, que a partir de ese momento el GDF ya no podrá exigir el pago de la fianza por fallos imputables a los constructores, que asciende a poco más de 1,700 millones de pesos (mdp), equivalentes a 10% del monto de contrato a precio alzado que firmó con el Consorcio (17,583.5 mdp).
ESPECIAL: El caso Línea 12
El cierre de esta etapa, además, abre la puerta a que alguna de las partes recurra a tribunales, si hay inconformidad por las condiciones de la liquidación.
Por ahora, el Consorcio reclama que el gobierno capitalino todavía le debe 4,500 mdp por obras complementarias de la Línea Dorada. La administración de Mancera, por su parte, espera que el estudio de Systra sirva para que las empresas asuman los costos de rehabilitación que les correspondan.
El contrato prevé un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para que las partes respondan y, en su caso, resuelvan reclamaciones y aclaraciones. El responsable de dar seguimiento a este contrato hasta su total extinción es la empresa descentralizada propiedad del GDF, creada para llevar a cabo la construcción de Proyecto Metro DF (PMDF).
La posibilidad de que el GDF y el Consorcio alcancen la conciliación y el acuerdo dependerá de los resultados del informe “definitivo” de Systra, dice Adrián Michel, diputado local del PRD y miembro de la comisión investigadora de la ALDF.
El informe de Systra, en su versión ‘premilinar’ (en junio de 2014, cuando se filtró a los medios antes que con los asambleístas), señaló como una de las causas del deterioro de la L12, la ‘aparente’ incompatibilidad entre ruedas y rieles. La comisión aún espera el informe –ahora ‘definitivo’– para elaborar sus conclusiones.
Las consecuencias legales, a su vez, corresponderán a la Contraloría del DF, que ha llamado a declarar a 23 funcionarios y exfuncionarios, y también espera los resultados del informe de Systra y TSO. Hasta ahora no hay información oficial sobre posibles sanciones para alguno.
Ambas investigaciones –la de la asamblea y la de la Contraloría– aún tienen por delante fechas para la entrega de sus conclusiones, que empatan con el reloj de la política local y nacional.
Uno más en la lista de espera es Marcelo Ebrard, quien en la primera semana de septiembre contiende para la presidencia nacional del PRD.
No obstante, existen cuestionamientos serios sobre el informe. “Se está haciendo para que cumpla las condiciones que alguien quiera que tenga”, afirma Adrián Michel, exoficial mayor del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. “Somos muy escépticos en lo que se nos va a presentar como conclusión final”, señala.
En abril de este año las empresas enunciaron un comunicado al secretario de Obras capitalino, Alfredo Hernández, donde señalan que “la contratación de las citadas empresas (TSO y Systra) está siendo realizada por conducto de la Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal, a su digno cargo y, como es natural, lo anterior pone en riesgo la imparcialidad de los estudios, razón por la que el Consorcio constructor se reserva su postura con respecto a la aceptación de los comentarios o recomendaciones de las empresas mencionadas”.
Epílogo: Los costos
¿Cuándo abrirá la Línea 12? Nadie lo sabe. Al cierre de esta edición, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, había anunciado la apertura parcial de la Línea 12, estación por estación. La Secretaría de Obras había restablecido 1.1 km de vías secundarias donde realizaba pruebas de trenes y tours para fotógrafos de todos los medios. La Contraloría del DF anunció en agosto que 19 personas podrían ser señaladas como responsables del caso. Curiosamente el ‘riesgo potencial’ no causó hasta ahora pérdidas humanas, pero sí podría descarrilar las finanzas locales.
La suma de los contratos de construcción y servicio de trenes para la línea, las caídas de ingresos en taquillas del STC Metro, las demandas de las empresas por pospagos no realizados, los estudios de certificadores y consultores, los cobros por transportación entre estaciones sin servicio y las reparaciones en infraestructura y vagones alcanzan hasta ahora la cifra de 42,486,804,094 pesos.
¿Quién paga? En las próximos semanas, el informe de Systra podría dar algunos visos de solución técnica, aunque por ahora aún está lejana la posibilidad de ver la luz al final del túnel.
