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La CDMX actualizará su Reglamento de Construcciones, pero sus edificios antiguos siguen en riesgo sísmico

El 93% de los edificios identificados con alto riesgo de colapso después del sismo de 2017 fue construido antes de 1986. Las nuevas disposiciones previstas para 2027 y 2029 no corrigen las deficiencias de esos inmuebles.
Imagen de la fachada de edificios en la Ciudad de México.
Los edificios construidos antes de 1986 concentran buena parte de la vulnerabilidad sísmica de la Ciudad de México. (Imagen creada con IA)

La Ciudad de México prepara cambios a su Reglamento de Construcciones para 2027 y 2029, con nuevas disposiciones sobre instrumentación sísmica, demoliciones, túneles y puentes. Sin embargo, las actualizaciones normativas no resuelven uno de los principales problemas de seguridad estructural de la capital: los edificios construidos antes de 1986.

El rezago está en inmuebles que fueron levantados bajo criterios de construcción distintos a los actuales y que, en algunos casos, presentan características que pueden comprometer su comportamiento durante un terremoto. Entre ellos figuran edificios de las décadas de 1960 y 1970, algunos concentrados en colonias como Del Valle, Narvarte y Álamos.

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Lo más importante que aprendimos (del sismo del 2017) es que los edificios construidos en la década de los 60 son un peligro, un gran reto sísmicamente hablando. Tenemos que hacer un ajuste en ellos
Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la CDMX.


Los resultados de los dictámenes realizados después del sismo de septiembre de 2017 muestran la dimensión del problema. De los 247 edificios identificados con riesgo alto de colapso, 93% había sido construido antes de 1986. En otro grupo de 469 inmuebles también clasificados con alto riesgo , 91% correspondía a construcciones anteriores a ese año.

Para Renato Berrón Ruiz, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México, la prioridad no está únicamente en elevar los estándares de las nuevas edificaciones, sino en atender las estructuras que ya forman parte del paisaje urbano y que representan una vulnerabilidad ante futuros sismos.

“Si queremos aumentar la resiliencia de la Ciudad de México no es por medio de los futuros edificios o los que se construyeron a partir del 1985. Nuestro talón de Aquiles son los edificios antes de ese año. Si viene un sismo en estos momentos, vamos a sufrir lo mismo con estos inmuebles”, apuntó.

Normativas no resuelven el riesgo de edificios antiguos

La vulnerabilidad sísmica de las construcciones de los años 60 y 70 está relacionada con las soluciones arquitectónicas y estructurales que predominaban entonces. Entre sus características figuran las losas planas, columnas separadas hasta ocho metros y deformaciones que pueden comprometer su estabilidad.

El problema, explicó Berrón, es que los criterios de diseño de aquella época no incorporaban el conocimiento actual sobre el comportamiento de las estructuras ante movimientos sísmicos.

“Los arquitectos y los ingenieros de aquella década no tenían la sensibilidad del comportamiento sísmico. Eso quedó reflejado en los resultados de los dictámenes. Contrario a los edificios de los años 30 o 40, que son ideales para zona sísmica, porque tienen muros de carga, robusta de marcos de concreto”, señaló.

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La adopción de la losa plana marcó, de acuerdo con el especialista, el inicio de una etapa en la que las soluciones constructivas comenzaron a presentar mayores desafíos frente a los movimientos telúricos.

Desde entonces, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF) ha incorporado modificaciones para mejorar la seguridad de las edificaciones. Los cambios más importantes llegaron después de los terremotos de 1957, 1985 y 2017, cuando la experiencia de los daños obligó a revisar los criterios de diseño y construcción.

Pero las nuevas disposiciones aplican a las construcciones que se desarrollan bajo esos estándares, no corrigen automáticamente las deficiencias de los edificios levantados con reglamentos anteriores. Por eso, la actualización normativa y el reforzamiento de las estructuras existentes representan dos desafíos distintos para la capital.

Reglamento de Construcción de CDMX tendrá ajustes en 2027 y 2029

El Reglamento de Construcciones tiene más de 100 años de historia y debe actualizarse obligatoriamente cada seis años, un año antes de las elecciones. La siguiente edición está prevista para 2029, aunque algunos cambios comenzarán a publicarse antes.

Entre los cambios en preparación para el 2027 se encuentran:

  • Lineamientos para la instrumentación sísmica y geotécnica.
  • Lineamientos para el procedimiento de demolición.
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La revisión no está concentrada exclusivamente en el gobierno capitalino. En el proceso participan 139 especialistas, entre expertos técnicos y representantes de colegios profesionales, incluido el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

El objetivo es que las modificaciones incorporen los avances en investigación sobre seguridad estructural y las experiencias acumuladas después de los sismos, además de fortalecer los criterios que deben cumplir las construcciones en una ciudad expuesta a movimientos telúricos.

Menos presupuesto para investigar la seguridad estructural

La actualización de las normas también depende de los recursos destinados a estudiar el comportamiento de las edificaciones. En este terreno, el presupuesto de la Ciudad de México para investigación en seguridad estructural registró una reducción en 2025.

Ese año, el gobierno capitalino destinó 19 millones de pesos a siete proyectos de investigación en materia de seguridad estructural, el menor monto desde 2019. Un año antes, en 2024, había financiado 16 proyectos con una inversión de 35 millones de pesos.

El ISC ha trabajado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en investigaciones para fortalecer el reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias.

Sin embargo, la reducción de los recursos limita el alcance de los estudios que sirven como sustento para modificar las disposiciones técnicas. Berrón considera que la inversión pública en seguridad estructural debería aumentar para que las reformas respondan a evidencia científica y no únicamente a criterios administrativos.

“Nos gustaría que se duplicaran las inversiones que asigna el gobierno de la CDMX para estudios en materia de seguridad estructural . Esto es básico si pretendemos reformar el reglamento, los cambios deben nacer de investigación, de experiencias y no de ocurrencias”, añadió.

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