La revisión no está concentrada exclusivamente en el gobierno capitalino. En el proceso participan 139 especialistas, entre expertos técnicos y representantes de colegios profesionales, incluido el Colegio de Ingenieros Civiles de México.
El objetivo es que las modificaciones incorporen los avances en investigación sobre seguridad estructural y las experiencias acumuladas después de los sismos, además de fortalecer los criterios que deben cumplir las construcciones en una ciudad expuesta a movimientos telúricos.
Menos presupuesto para investigar la seguridad estructural
La actualización de las normas también depende de los recursos destinados a estudiar el comportamiento de las edificaciones. En este terreno, el presupuesto de la Ciudad de México para investigación en seguridad estructural registró una reducción en 2025.
Ese año, el gobierno capitalino destinó 19 millones de pesos a siete proyectos de investigación en materia de seguridad estructural, el menor monto desde 2019. Un año antes, en 2024, había financiado 16 proyectos con una inversión de 35 millones de pesos.
El ISC ha trabajado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en investigaciones para fortalecer el reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias.
Sin embargo, la reducción de los recursos limita el alcance de los estudios que sirven como sustento para modificar las disposiciones técnicas. Berrón considera que la inversión pública en seguridad estructural debería aumentar para que las reformas respondan a evidencia científica y no únicamente a criterios administrativos.
“Nos gustaría que se duplicaran las inversiones que asigna el gobierno de la CDMX para estudios en materia de seguridad estructural . Esto es básico si pretendemos reformar el reglamento, los cambios deben nacer de investigación, de experiencias y no de ocurrencias”, añadió.