La CDMX llega al punto sin retorno en planeación urbana

Los documentos oficiales y especialistas en planeación coinciden en que este es un punto de inflexión. La capital enfrenta una transición en la que la planeación deja de ser una referencia abstracta y se convierte en un marco que define inversiones, densidades, infraestructura y prioridades territoriales a largo plazo.

Un sistema que intenta consolidarse

El PGD es el instrumento rector que fija objetivos, estrategias y metas para los próximos 20 años. De acuerdo con la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, se sujeta a él la programación presupuestal y la ejecución de proyectos públicos. A partir de este documento se desprenden los instrumentos que operan en menor escala, incluido el PGOT, con vigencia de 15 años.

En la plataforma de consulta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) se afirma que el PGD “definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad”, mientras que el PGOT detalla el ordenamiento territorial y las reglas para organizar el suelo urbano.

Ambos procesos requieren participación ciudadana a través de talleres, foros y conversatorios. La Constitución capitalina establece que la planeación debe realizarse de manera democrática y con perspectiva territorial.

Ese marco institucional comenzó a construirse desde 2017, cuando se aprobó la nueva Constitución de la Ciudad. Sin embargo, los instrumentos no quedaron listos en los plazos previstos.

Mónica Tapia, cofundadora y directora de Ruta Cívica, organización que promueve la creación de ciudades igualitarias e incluyentes, explica que el diseño del sistema avanzó con lentitud, “ocho años después seguimos sin tener ley de ordenamiento”, dijo.

Durante ese periodo, tampoco existían la titularidad plena del Instituto de Planeación ni sus órganos internos.

El avance de este año modificó ese escenario. Ya existe una propuesta del PGD publicada y puesta en consulta, también opera un consejo ciudadano y un directorio técnico.

Según Tapia, por primera vez se realiza un proceso abierto durante varios meses, en contraste con ejercicios anteriores más cortos. Para ella, la clave será cómo se integren las observaciones al documento final.

Las prioridades urbanas desde los especialistas

Los diagnósticos oficiales del PGD y el PGOT coinciden en problemas centrales: desigualdad territorial, expansión urbana, infraestructura insuficiente, riesgos ambientales y costos crecientes de vivienda.

Eduardo Gorozpe, arquitecto y director de A-001 Taller de Arquitectura, considera que la regulación actual no incentiva el desarrollo habitacional. Señala que, en el pasado, la norma 26 permitió añadir niveles adicionales a proyectos que integraban vivienda social, lo que generaba interés para construir.

Para él, el encarecimiento del suelo se relaciona directamente con lo que establece la zonificación: “El que esté incidiendo directamente en el valor de la tierra es el gobierno”, dijo. Y explicó que ese efecto finalmente lo asume la persona que compra una vivienda.

Gorozpe también identifica un problema histórico: documentos que acumulan buenas intenciones sin mecanismos claros de implementación. En sus palabras: “Son puros documentos de buenas intenciones”. Considera que la planeación necesita rutas precisas para aplicarse, no únicamente postulados generales.

El urbanista y consultor en planeación Bernardo Farill coincide en que el PGD introduce una variable nueva: certeza en las decisiones de largo plazo. Para él, la existencia del documento modifica la relación de la ciudad con su futuro.

Pero reconoce que la legitimidad depende de la participación. Sobre intentos previos, señaló, “se quería hacer un proceso nada más como para darle palomita”, al describir ejercicios sin mecanismos reales para incorporar observaciones.

La ciudad existente, el territorio y el agua

El PGD plantea un diagnóstico que reconoce la complejidad de trabajar con una ciudad ya construida. “No estamos planeando ciudades en el campo, hay que trabajar con lo que tenemos”, dice Bernardo Farrill, ex consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Plantea que la capital opera con dinámicas orgánicas, no con reglas claras, y que la distribución de servicios, equipamientos y oportunidades muestra diferencias territoriales profundas.

Los documentos oficiales también identifican la crisis hídrica como uno de los riesgos centrales.

“Tenemos que garantizar que la Ciudad de México va a tener abastecimiento de agua correcto y suficiente a muy largo plazo”, señaló el especialista. La infraestructura hidráulica aparece en las dos propuestas, PGD y PGOT, como uno de los sistemas estratégicos que requieren inversión y mantenimiento.

Los expertos también destacan la necesidad de gestionar mejor el suelo. La falta de mecanismos claros para generar áreas verdes, equipamientos o espacios públicos es un vacío recurrente. “Nos hacen falta mejores instrumentos para gestionar el suelo”, agregó Farrill y enfatizó que la capital debe superar la lógica de decisiones reactivas.

El proceso participativo y sus retos

El IPDP abrió una consulta amplia que incluye talleres, conversatorios y foros temáticos. Como parte del proceso, cualquier persona puede organizar reuniones y enviar propuestas a través de la plataforma digital o de forma presencial.

Esta etapa definirá la legitimidad del PGD. Bernardo Farill observa que existe una cobertura mayor y una metodología más clara, “hay garantías de que va a ser una consulta amplia”, dijo. Sin embargo, también advirtió que falta conocer cómo se integrarán las observaciones.

Por su parte, Mónica Tapia considera que la incorporación del contenido ciudadano será una prueba fundamental. Para ella, el reto no está en publicar el documento, sino en elaborar un instrumento que funcione y que articule la participación de especialistas, académicos y comunidades.

El PGOT y la coordinación con las alcaldías

El PGOT es el siguiente paso en la cadena de instrumentos. Tras el PGD, se elaboran documentos cada vez más específicos que descienden a escala de alcaldías y zonas particulares. Esa estructura implica consultas periódicas, que podrían ser permanentes.

Pero la coordinación entre alcaldías presenta dificultades. El urbanista señala que la ciudad funciona como un conjunto disperso, donde las reglas locales no siempre coinciden con un proyecto común.

Los documentos oficiales también reconocen esta fragmentación y plantean fortalecer el sistema metropolitano de información, la gestión del suelo y los mecanismos de riesgo.

El ángulo metropolitano: el Estado de México en el mismo tablero

Aunque el PGD aplica únicamente a la Ciudad de México, el territorio real depende de la interacción con los municipios mexiquenses, por lo que cualquier estrategia acotada al perímetro capitalino limita el resultado.

En octubre, el gobierno del Estado de México instaló mesas de diálogo para actualizar su normatividad urbana. La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) convocó a cámaras, colegios y asociaciones civiles para construir una propuesta de reforma consensuada.

El objetivo se enfoca en actualizar el marco legal para dar certeza a familias e inversionistas, agilizar procesos y reducir discrecionalidad. Aunque es un proceso separado, Mónica Tapia explica que cualquier cambio en el Estado de México repercute en la planificación de la zona metropolitana.

¿Qué sigue?

El PGD cerrará su proceso de consulta en marzo. A partir de él se elaborará el PGOT y, posteriormente, los programas de ordenamiento territorial de cada alcaldía. La estructura legal establece revisiones constantes y momentos sucesivos de participación.

Para Farill, el avance dependerá de la participación informada: “Hay que llegar preparados para ser parte del proceso de planeación de la Ciudad de México”, dijo. Gorozpe, desde otra perspectiva, subraya que ninguna planeación funciona sin claridad en las reglas del suelo y en los incentivos para desarrollar vivienda.

Los documentos del PGD y el PGOT plantean un objetivo común: ordenar la ciudad a largo plazo con un marco institucional claro. En paralelo, el Estado de México inició la revisión de su propia normatividad urbana. Aunque caminan por vías distintas, ambos procesos reflejan la misma urgencia: definir una estructura territorial capaz de sostener a una región que comparte infraestructura, agua, transporte, empleo y vivienda.