El documento aclara que la regulación no pretende congelar los alquileres, pues los propietarios podrán actualizar los precios anualmente dentro del límite establecido.
“El propósito es que las personas puedan hacer su vida en la Ciudad sin quedar expuestas a aumentos imprevisibles, prácticas abusivas o falta de orientación, y que quienes ponen una vivienda en renta cuenten con reglas estables”, se lee en el documento.
Multas por incumplir la Ley de Rentas Justas
La iniciativa contempla sanciones económicas para los propietarios que incumplan las disposiciones sobre incrementos de alquileres, entrega de contratos y registro de arrendamientos.
Quienes apliquen aumentos superiores al límite permitido podrían recibir multas de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 11,731 y 46,924 pesos, con base en el valor vigente de 2026.
La propuesta también exige inscribir los contratos en un registro digital a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Omitir el registro oportuno podría sancionarse con multas equivalentes a entre uno y tres meses de la renta pactada.
Además, los arrendadores que no entreguen el contrato original enfrentarían sanciones de 25 a 50 UMA, equivalentes a entre 2,932.75 y 5,865.50 pesos.
La supervisión correspondería a la nueva Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social (PROSOC), que también ofrecería orientación, asesoría y asistencia jurídica para resolver controversias entre propietarios e inquilinos .
La lucha inquilinaria por rentas asequibles
Desde la perspectiva de María Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la iniciativa responde a una demanda de los inquilinos ante los incrementos de precios y las dificultades para hacer cumplir las restricciones existentes.
La especialista explica que, aunque ya existe un límite a los aumentos anuales, los propietarios pueden aprovechar el cambio de inquilino para establecer un precio distinto. Por ello, considera relevante que la propuesta busque vincular el tope inflacionario al inmueble y no únicamente a quien lo ocupa.
“Las críticas que hemos visto por parte de muchos inquilinos e inquilinas ha sido que nadie respeta esta regla. Si alguien eventualmente no quiere aceptar un incremento por arriba de la inflación, el dueño puede tener un nuevo usuario y solicitarle el precio que quiere, no había ningún límite”, explica.
Emanuelli considera que esta modificación es una de las principales novedades de la iniciativa, aunque reconoce que su aplicación podría enfrentar dificultades.
“Es un texto interesante, quizás un poco complejo de concretar en la práctica y probablemente pueda dar vías de escape, pero es un avance”, advierte.
La representante de HIC-AL sostiene que históricamente ha existido un desequilibrio en las relaciones de arrendamiento a favor de los propietarios y considera que la iniciativa atiende algunas de las demandas de los inquilinos.
Escasez de vivienda es el problema de fondo
Más allá de las diferencias sobre la regulación, ambos especialistas reconocen que la Ley de Rentas Justas no resolverá por sí sola la crisis habitacional de la Ciudad de México.
Sobrino considera que uno de los principales obstáculos es la falta de viviendas disponibles, agravada por las dificultades para obtener autorizaciones de construcción y el temor de los propietarios a colocar sus inmuebles en arrendamiento.
Por su parte, Emanuelli considera necesario acompañar la regulación con otras medidas para controlar la especulación inmobiliaria y atender las causas del encarecimiento de la vivienda.
Entre las alternativas que menciona se encuentran establecer controles de precios en zonas de tensión inmobiliaria y gravar los terrenos baldíos, una propuesta que también ha generado controversia en la discusión sobre los instrumentos de ordenamiento territorial .
¿Cuándo se aprobará la Ley de Rentas Justas?
Por ahora, la iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, por lo que las nuevas disposiciones y sanciones propuestas todavía no constituyen obligaciones vigentes.
La presidenta del Congreso capitalino, Olivia Garza, informó que las iniciativas presentadas por Clara Brugada serán turnadas la próxima semana a las comisiones legislativas correspondientes para iniciar su estudio y dictaminación.
Las comisiones dispondrán de un plazo de 45 días hábiles para emitir un dictamen. El procedimiento también contempla la participación ciudadana antes de una eventual discusión y votación en el Pleno.
El resultado definirá las nuevas reglas del mercado de arrendamiento capitalino, en medio de las demandas de los inquilinos por alquileres accesibles y las preocupaciones de los propietarios sobre las condiciones para mantener sus viviendas disponibles.
