Cementeras disputan impuestos verdes mientras buscan reducir sus emisiones
La Canacem se ampara contra impuestos estatales en San Luis Potosí y Nuevo León; el sector advierte que la doble tributación sumará presión al precio del cemento
La industria cementera enfrenta una disputa por los impuestos ambientales que promueven gobiernos estatales como San Luis Potosí y Nuevo León, donde operan empresas como Cemex, Holcim y Cementos Moctezuma.
José María Barroso Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) y director general de Cementos Moctezuma, cuestiona que estos cobros se sumen al impuesto federal que ya pagan y sostiene que los gravámenes estatales elevarían los costos de operación y presionarían los precios.
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“En San Luis Potosí tenemos demandas, como industria. Nos quieren cobrar, como otros gobernadores, indebidamente por emisiones, cuando debe ser una Ley federal, no estatal. Desafortunadamente el Congreso les autoriza (la iniciativa)".
José María Barroso Ramírez, presidente de la Canacem y director general de Cementos Moctezuma.
La Cámara ha interpuesto un amparo en San Luis Potosí y ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, impulsar una ley federal que limite los cargos fiscales estatales.
La disputa fiscal surge en un escenario en el que el cemento registra un aumento anual de precio de 6%, según Cementos Moctezuma. Barroso atribuye esta presión al encarecimiento de combustibles, asociado con conflictos internacionales. El directivo advierte que nuevos impuestos aumentarían la presión.
José María Barroso Ramírez, director general de Cementos Moctezuma y presidente de la Canacem (al centro). (Samanta Escobar )
El antecedente en Zacatecas
El intento por sumar impuestos verdes a la industria no es nuevo. En 2017, Zacatecas estableció impuestos a la extracción de materiales del suelo y subsuelo, como piedra, arena y cantera, insumos del cemento, así como a las emisiones a la atmósfera.
El entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el argumento de que la entidad invadía facultades federales en materia ambiental.
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No obstante, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Corte validó la constitucionalidad de la mayoría de esos impuestos verdes y reconoció la competencia de Zacatecas para cobrar por la contaminación.
“Pueden acabar con la industria a punta de impuestos, no sería el primer caso”, afirmó Barroso. Como ejemplo, mencionó a Chile y sostuvo que los impuestos verdes aplicados hace aproximadamente una década en aquél país provocaron desindustrialización y una mayor dependencia de importaciones.
La huella económica y ambiental del cemento
En México, la industria está representada por la Canacem que agrupa a Cementos Moctezuma, Fortaleza, Cemex México, Cemento Cruz Azul, Grupo Cementos de Chihuahua y Holcim México.
En conjunto, sus 37 plantas en operación emplean directamente a más de 19,700 personas y producen cerca de 47 millones de toneladas de cemento.
Según la Federación Interamericana del Cemento (FICEM), México concentró en 2024 aproximadamente 25% del volumen consumido en América Latina y el Caribe y fue el segundo productor de la región, después de Brasil.
Esa escala económica convive con un impacto ambiental significativo, ya que un estudio de 2018 del centro británico Chatham House reveló que la industria cementera genera alrededor de 8% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2).
Se estima que, durante las próximas décadas, el mundo construirá cada mes el equivalente a una ciudad del tamaño de Nueva York, por lo que reducir las emisiones por tonelada será crucial.
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Cementeras encuentran alternativa en los desechos
Las cementeras reconocen el impacto de su actividad en la Hoja de Ruta México “Hacia una Economía Baja en Carbono”, desarrollada bajo el estándar de la FICEM. El documento plantea que la industria debe reducir la huella de carbono.
La meta es pasar de 629 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento en 2016 a 520 kilogramos en 2030, una reducción de 17%, pero alcanzar ese volumen exige inversión para transformar procesos y combustibles.
Centro Estatal de Economía Circular (CEEC) instalado en Morelos para procesar neumáticos abandonados e integrarlos al proceso de elaboración de cemento. (Samanta Escobar)
Una de las apuestas es el coprocesamiento térmico, es decir, utilizar como combustibles alternativos residuos que no encuentran opciones de reciclaje tradicional. Y es que, México genera más de 50 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de los cuales solo 5% recibe tratamiento, según datos de Semarnat citados por el sector.
Cementos Moctezuma ha invertido 459 millones de pesos en instalaciones para combustibles alternos y reporta una sustitución de 8.4 por ciento. La empresa ha consumido 32,610 toneladas de combustible derivado de residuos y biomasa, volumen que equipara con 10 Estadios Aztecas llenos.
Recientemente inauguró, junto con el gobierno de Morelos, el Centro Estatal de Economía Circular para la transformación de llantas (CEEC), destinado a procesar neumáticos abandonados.
“Es un camino largo, desde luego, la presidenta cuenta con nosotros, pero no podemos con toda la carga económica solos, ni con todos los problemas ambientales. Tiene que participar toda la sociedad y el resto de las industrias”, dijo Barroso.
Holcim, por su parte, ha destinado 500 millones de dólares en México durante los últimos cinco años a infraestructura enfocada en la valorización de residuos. Su filial Geocycle gestiona más de 600,000 toneladas de residuos al año mediante siete plantas operativas.
“Ninguna empresa o gobierno puede resolver este reto de manera aislada; el verdadero cambio ocurre cuando conectamos la política pública con la tecnología y la capacidad industrial para convertir los residuos en recursos que generen valor”, afirmó Christian Dedeu, CEO de Holcim México.
