Esta dependencia se traduce en recorridos prolongados y mayores gastos para los hogares. En municipios periféricos, los traslados pueden superar las tres horas diarias, mientras que en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco existen casos en los que la población invierte cuatro horas o más.
Mientras el gasto promedio en transporte representa entre 6% y 14% del ingreso, en algunas zonas periféricas puede alcanzar hasta 40%, de acuerdo con el Programa Integral de Movilidad de la Secretaría de Movilidad de 2020.
Una Agencia Metropolitana de Movilidad
Una de las propuestas es crear la Agencia Metropolitana de Movilidad e Integración del Transporte, el cual se convertiría en un organismo para coordinar la planeación y regulación del sistema de transporte.
La propuesta también contempla una Ley de Desarrollo Metropolitano y reformas constitucionales para crear mecanismos de coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal.
Asimismo, contempla Consorcios Metropolitanos de Operación, mediante los cuales distintas autoridades podrían participar conjuntamente en la construcción y administración de líneas de transporte público e interurbano.
El financiamiento constituye otro componente de la propuesta, ya que contempla la participación conjunta de los gobiernos, además de esquemas de asociaciones público-privadas (APP) e inversión privada.
Entre los instrumentos planteados destaca el Fideicomiso Metropolitano del Valle de México, que recibiría aportaciones públicas para financiar infraestructura vial y sistemas de transporte estructurado .
No obstante, el programa no asigna automáticamente recursos ni autoriza la ejecución de las obras. Su función es marcar una agenda de planeación con instrumentos que las autoridades locales adoptarán para ejecutar proyectos de manera conjunta.
El futuro del POZMVM
El proceso de actualización comenzó en 2025, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México , Hidalgo y Morelos firmaron un convenio de coordinación para elaborar el nuevo programa.
Para McCain, la discusión pública debe ir más allá de las controversias sobre los catastros y los terrenos baldíos, pues el instrumento podría ser una oportunidad para mejorar la planeación urbana.
“Como organizaciones urbanistas apoyamos instrumentos de planeación y propuestas novedosas, pero solemos topar con decisiones políticas, con mucha resistencia al promover instrumentos que en otros países como Chile y Colombia ya son una realidad. Esto implica un cambio de mentalidad”, dijo.
La actualización del POZMVM permanece en consulta pública del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2026, periodo durante el cual pueden presentarse observaciones y propuestas.
El desafío posterior será convertir los instrumentos de coordinación en acuerdos y recursos suficientes para conectar los municipios.
