Si bien el alquiler ha sido la alternativa para quienes no pueden pagar una hipoteca, también ha tenido un impacto en el bolsillo de los mexicanos, ya que la renta puede representar hasta 61% del gasto en hogares de menores ingresos, alrededor del doble del 30% que ONU-Hábitat considera asequible.
Las organizaciones atribuyen parte de las dificultades para alquilar en la capital a la gentrificación y a la especulación inmobiliaria, así como al crecimiento de la vivienda para uso turístico.
Empresarios defienden negociar la renta inicial
Por su parte, el G9, integrado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) , Coparmex CDMX, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Canadevi Valle de México y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, entre otros organismos, se pronunció en contra de extender el tope a los nuevos contratos.
En un comunicado, el grupo propuso que el límite de aumento conforme a la inflación se mantenga únicamente durante el arrendamiento y en las renovaciones con la misma persona.
“Al terminar la relación de arrendamiento y celebrarse un contrato con una persona arrendataria distinta, planteamos que las partes puedan acordar libremente la renta inicial, sobre la cual volvería a operar el límite anual”, solicitaron.
Los organismos empresariales afirmaron que comparten el objetivo de prevenir aumentos desproporcionados en el alquiler, pero sostuvieron que la regulación también debe favorecer la conservación y la generación de vivienda en arrendamiento.
Salvador Sacal, especialista inmobiliario, destacó que la ley debe ser equilibrada para ambas partes, inquilino y propietario, aunque, desde su perspectiva, la propuesta de la jefa de Gobierno no lo es.
“Se cree que los propietarios de vivienda en renta son millonarios, pero el 80% no lo son. Hay adultos mayores que rentan para complementar sus ingresos, personas que compraron una casa de Infonavit y la arrendan”, declaró.
Añadió que la Ley de Rentas Justas le otorga mayor beneficio al inquilino que al arrendador, lo que podría provocar una fuga de inmuebles en renta. Refirió que una medida similar aplicada en España provocó la salida de más de 400,000 viviendas del mercado de alquiler este año.
Los contratos de 5 años en el debate sobre alquiler de vivienda
Para las organizaciones civiles, aplicar el tope a la vivienda impediría que los arrendadores eludan el límite al cambiar de inquilino. Asimismo, proponen que la ley promueva contratos de al menos 5 años.
“Esta medida contribuiría a reducir la incertidumbre que enfrentan las personas inquilinas ante la renovación periódica de sus contratos y fortalecería su derecho a permanecer en la vivienda”, señalaron.
Cabe mencionar que la iniciativa también contempla la creación de un registro digital de contratos de alquiler para reducir la informalidad en el mercado. Los propietarios que incumplan la obligación de registrar el contrato podrían recibir multas de hasta tres meses de renta.
Asimismo, la propuesta prevé la creación de una Defensoría para resolver conflictos entre inquilinos y propietarios. Ante la posibilidad de un endurecimiento en la regulación del arrendamiento, el G9 se sumará a la discusión y propondrá cambios en la redacción de la Ley de Rentas Justas.
“Las organizaciones integrantes del G9 participaremos con disposición al diálogo y propuestas concretas para contribuir a una ley que proteja a las personas inquilinas y genere condiciones para ampliar la disponibilidad de vivienda en la Ciudad de México”, añadieron los organismos empresariales.
